Según fuentes personadas en la causa, el Ministerio Público ha advertido que esta medida «temeraria» pondría en riesgo a la economía nacional. Ha defendido, además, que ninguno de los dos querellantes goza de legitimidad para pedir una medida de este tipo.

En la comparecencia, celebrada para examinar la solicitud de los dos querellantes, el juez ha escuchado la declaración de un único representante de Bankia y de su matriz, el Banco Financiero de Ahorros (BFA), miembro del servicio jurídico de la entidad desde mayo de 2002.

Durante la vista, que se ha prolongado durante más de cuatro horas, el representante ha defendido la legalidad de la gestión del banco y ha explicado que los cambios en las cuentas de la entidad  –que los querellantes interpretan como una manipulación– se debieron principalmente a que sus gestores tuvieron que amoldarse a hasta 12 cambios en la regulación bancaria realizadas por el Gobierno en el último año.

El representante de Bankia, que ha defendido la gestión del consejo de administración imputado, y ha agregado que las modificaciones en las cuentas no respondieron a «un cambio de criterio contable sino a una modificación de la estimación». «No existe percepción de error en la fusión» que creó la entidad, ha añadido.

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