La compañía considera que los empleados cometieron una infracción «muy grave» en sus obligaciones como trabajadores, a la vez que insiste en que había advertido al sindicato de la ilegalidad de la huelga, indicándoles que se reservaba el ejercicio de sus acciones para amparar su derecho.

Tras denunciar los acontecimientos en la Audiencia Nacional, ésta estimó que los paros implicaban una huelga «ilegal» por «novatoria», ya que pretendían alterar lo pactado en el XVI Convenio Colectivo relativo a la posibilidad de desarrollar las operaciones de Iberia Express fuera de la matriz.

Así, consideró que el convenio recogía la posibilidad de llevar a cabo dichas operaciones tanto dentro como fuera de la matriz, correspondiendo la opción a la compañía aérea.

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