El Defensor del Pueblo Europeo, P. Nikiforos Diamandouros, ha informado hoy de que el Banco Central Europeo (BCE) no pidió al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero la reforma que emprendió para limitar el déficit en la Constitución. Diamandouros responde así a una queja presentada por un abogado español al que le fue denegado el acceso a una carta enviada por el BCE al Ejecutivo español. El Defensor del Pueblo europeo coincide con la institución financiera en que el documento no debía ser divulgado al público, pero ha revelado parte de su contenido.

«Con el acuerdo del BCE el Defensor confirmó al reclamante que la carta no sugería cambios en la Constitución Española«, según un comunicado de los servicios de Diamandouros, en el que también aclaran que «la negativa de proporcionar acceso a un abogado español a la carta enviada por el BCE al Gobierno español fue justificada».

El Gobierno de Rodríguez Zapatero modificó la Constitución española en septiembre de 2011 para limitar la deuda pública poco después de que el BCE, entonces presidido por Jean-Claude Trichet, envió una carta confidencial al presidente Rodríguez Zapatero «en la que expresaba la preocupación del BCE sobre la situación extremadamente difícil de la economía española y la necesidad de tomar medidas rápidas», señala el Defensor del Pueblo europeo.

La entidad emisora europea ha rechazado facilitar esta carta a un abogado español porque argumenta que «tal divulgación perjudicaría el interés público por lo que respecta a la política económica y monetaria de la UE o de un Estado miembro».

Diamandouros abrió un procedimiento para examinar la queja del abogado español y recibió de parte del BCE una «descripción detallada del contenido y objetivos» de la misiva y de las razones por las que se negó a divulgarlas.

El Defensor del Pueblo Europeo ha cerrado el caso y concluido que divulgar la carta «podría poner en riesgo los intereses en juego», si bien ha recibido el consentimiento del actual presidente del BCE, Mario Draghi, para revelar al reclamante que «la carta no sugería cambios en la Constitución Española». «El reclamante se declaró satisfecho con este resultado», añáde la nota del Defensor.