Cuando más de cinco millones de ciudadanos padecen el drama del paro y más de quinientas familias son a diario desahuciadas en España sería una infamia buscar alguna arista positiva a esta terrible y prolongada crisis. Ese no hay mal que por bien no venga resulta insultante cuando el mal alcanza estas magnitudes. Por ello, la erosión del bipartidismo que delata el abundante muestreo demoscópico elaborado al calor de los brutales recortes del PP más que al regocijo debería al menos invitar a la reflexión a los dos partidos con más apoyo en las urnas. Lejos de ello quien gobierna se cree en posesión de toda la verdad y quien dejó de hacerlo hace unos meses trata ahora de convencer, sin mucho entusiasmo bien es cierto, de lo bien y distinto que lo haría si estuviera gobernando. Ambos, no por casualidad, cómplices en la consagración, hace este mes un año, del pago de los créditos a los bancos como prioridad absoluta a través de esa fulminante reforma del artículo 135 de la Constitución. La misma que contempla el derecho al trabajo y a una vivienda digna aunque esos apartados no se hayan modificado. De hecho los dos se siguen incumpliendo de manera coherente y sistemática.

Cierto es que la Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada en abril de este año no contó con el respaldo socialista y sí de CiU y UPyD que, al parecer, anda de lo más preocupado por poner o quitar un coche oficial pero ampara que antes de pagar a los hospitales, las escuelas o centros asistenciales el dinero público vaya a las arcas de las entidades financieras. Es lo que ha ocurrido en Catalunya y no parece que vaya a ser una excepción. Para quienes, por simplismo o pereza ideológica, sostienen que todos los políticos son iguales sólo recordar que atender antes a quienes más lo necesitan o a quienes se han lucrado y lucran con la desgracia ajena no sólo es una diferencia notable. Es toda una declaración de principios.

Y los que hoy rigen, para los dos partidos que se alternan en el poder, pasan por la sacralización del déficit financiero en detrimento del déficit social que es el que padecen las personas y no los balances. De nada vale ahora que quien gobernó durante ocho años se acuerde de tasas a los bancos, impuestos a las grandes fortunas o aplicación estricta de tributos al patrimonio. Y no vale de nada porque cuando se tenía el BOE como poderosa arma para cambiar las cosas se optó por recortar los salarios de los trabajadores, abrir la senda que ha acabado con el despido a precio de saldo e incluso plantearse suprimir una ayuda de poco más de 400 euros a parados sin cargas familiares.

Todo eso pasó no hace tanto y, en consecuencia, no se le pueden pedir peras al olmo de la memoria con el agravante de que en el PP los recortes sociales son una tradición secular y en el partido socialista una traición a su respetable historia. Que quienes ahora perpetran la política económica de este país sean nefastos no hace buenos a los anteriores porque elegir entre lo malo y lo peor es una aspiración mediocre y una rendición en toda regla. Hay vida más allá del bipartidismo pese a esa execrable Ley Electoral que pervierte el espíritu más genuino de la democracia sin que ni al PP ni al PSOE les importe. Qué casualidad. Una más.