«A pesar de que el memorándum de entendimiento (MOU) no impone explícitamente a los bonistas senior de los bancos rescatados la asunción de parte de las cargas, al enfatizar de manera explícita la intención de proteger los depósitos de los clientes y de minimizar el coste para los contribuyentes, podría interpretarse como la sugerencia implícita de que los tenedores de deuda senior podrían afrontar pérdidas potenciales en el caso definitivo de bancos no viables», apunta la agencia.

Por otro lado, Fitch señala que la obligación de compartir las cargas impuesta por el MOU a los tenedores de deuda subordinada y participaciones preferentes de los bancos españoles viables que requieran apoyo se diferencia de otros rescates en que, en estos casos se había llevado a cabo más comúnmente mediante el aplazamiento o el impago del cupón en vez de forzando una reducción de la deuda.

Otra diferencia en España, señala la agencia, es que una gran proporción de estos instrumentos se distribuyeron a través de las sucursales bancarias, mientras que en otros países principalmente fueron adquiridos por inversores institucionales.

De hecho, la calificadora de riesgos advierte de que «esto podría conllevar problemas reputacionales y legales relativos a malas prácticas en su comercialización».

De este modo, la agencia señala que, a pesar de que el plan de rescate de la banca española pretende ser la «reforma final» del sector bancario en el país, hay que ser prudentes respecto a la posibilidad de que vaya a ser así, debido las duras condiciones económicas y de los mercados en España.

«A pesar de que el MOU claramente pretende ser la reforma final del sector bancario español, Fitch mantiene la cautela sobre si este será de hecho el caso, dadas las condiciones muy duras de la economía y los mercados en España», apuntó María José Lockerbie, directora gerente del grupo de instituciones financieras de Fitch.

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