El fallo judicial, que da la razón a Andalucía y Cantabria en sus contenciosos contra los conciertos educativos que aplican la enseñanza diferenciada por sexos, ha reavivado una polémica que renace periódicamente y que la ley ha sido incapaz de cerrar.  El ministro de Educación, José Ignacio Wert, y las administraciones socialistas alientan las llama, eso sí, desde posiciones diferentes y distantes.

Wert asegura que el Gobierno «respeta y acata» las sentencias del Tribunal Supremo, pero señala que «hay que plantearse hasta qué punto el argumento de que la educación diferenciada supone discriminación entre los sexos es un argumento compatible con la convención de la Unesco».

El titular de Educación advierte que en esa convención, que se remonta a 1960 aunque fue refrendada en 1999, «se sostiene que la educación diferenciada, siempre que no suponga una desigualdad de oportunidades para chicos y para chicas, no supone una forma de discriminación». Por tanto, Wert considera que ésta es la cuestión principal, porque «si no hay discriminación en función de esa educación diferenciada, no puede haber tampoco diferenciación en la aportación de fondos públicos».

En la otra orilla del debate están quienes defienden que los centros diferenciados no pueden recibir fondos públicos. Así, a la satisfacción inicial de Andalucía, se ha sumado Asturias, donde también existen centros similares a los de Andalucía y Cantabria acogidos al régimen de conciertos.

La titular de Educación del Principado, Ana González, ha expresado .su “satisfacción” por las sentencias, que coinciden con los planteamientos de su Gobierno, que rechaza sostener con fondos públicos cualquier propuesta educativa “que discrimine en función de sexo y no considere la igualdad entre hombres y mujeres».

González ha asegurado que la Consejería estudiará las posibilidades legales que abre esta sentencia del Supremo ante la futura renovación de los conciertos educativos, que se realiza cada cuatro años y que corresponde llevarla a cabo en 2013.

Por su parte, el Gobierno vasco, que preside el socialista Patxi López,  estudiará si  las sentencias afectan a los cinco colegios diferenciados de la región que reciben subvenciones,

Finalmente, hay que recordar que las asociaciones de padres de los centros afectados por el fallo judicial han iniciado el camino para recurrir al Constitucional.