Los defensores de este modelo apelan a su decisión a que las sentencias que rechazan la subvención se refieren a otras comunidades, a la libertad de elección de los padres y a que sus centros escolarizan a alumnos de ambos sexos, aunque sea en aulas diferentes.

El Supremo en las sentencias que suspenden o rechazan el concierto en un centro de Andalucía y en dos de Cantabria menciona los artículos 27.9 de la Constitución («los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la Ley establezca») y el 84.3 de la Ley Orgánica de Educación (LOE), sobre la admisión en centros públicos y concertados: «En ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social».

Una de las sentencias se refiere a los colegios Torrevelo, de niños, y Peñalabra, de niñas, a los que Cantabria denegó en 2009 –cuando gobernaban PRC y PSOE– la concesión y la renovación, según el caso, del concierto.

Ahora conforman una sola unidad administrativa y han sido incluidos en la orden de conciertos del curso 2012-2013, ya que cumple los requisitos, según el Gobierno regional (PP).

Por el contrario, la consejera andaluza, Mar Moreno, descarta que los centros de este tipo de la comunidad mantengan los conciertos en el curso 2012-2013 (la renovación es en enero próximo), al amparo de la sentencia sobre el colegio de Elcható, de Brenes (Sevilla).

Según datos de las consejerías de Educación, más de 60 centros de de toda España están acogidos a los conciertos. Por número de colegios se distribuyen así: Cataluña (16), Andalucía (12), Madrid (8), Comunidad Valenciana (7), País Vasco (5), Galicia (5), Castilla y León (2), Navarra (2), Asturias (2) Murcia (2), La Rioja (1) y Cantabria (1). De ellos, 24 pertenecen al grupo Fomento de Centros de Enseñanza, incluidos los dos de Cantabria objeto de las sentencias.

Entre quienes no cuestionan la subvención, destaca Madrid, cuya presidenta, Esperanza Aguirre, se ha mostrado «absolutamente a favor» de la libertad de elección de centro y ha interpretado que las sentencias «no prohíben» los conciertos, sino que las autoridades pueden no dárselo.

Castilla y León considera que no son aplicables en la comunidad, donde no hay una denuncia previa, y rechaza que esos centros sean excluyentes, ya que admiten a niños y niñas, aunque vayan a clases distintas.

En Navarra no hay litigio, según el consejero José Iribas, para quien no existe discriminación cuando se escolariza y separa pedagógicamente en razón de la libertad de elección.

El Gobierno de Murcia «no tiene intención» de retirar el concierto porque el artículo 27 de la Constitución reconoce el derecho a la educación y la libertad de enseñanza.

La Comunidad Valenciana mantendrá la financiación de estos centros (3 sólo de niños y 4 de niñas), ya que los fallos judiciales son relativos a otras comunidades, y Cataluña también confirma los conciertos hasta 2014, cuando caducan.

El consejero de La Rioja, Gonzalo Capellán, asegura que allí no hay ningún colegio fuera de la legalidad para recibir las ayudas, pues admiten ambos sexos. «Otra cosa –advierte-es la autonomía interna de cada centro y la libertad de opción de los padres».

Tampoco Galicia se plantea cambiar y recuerda que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la comunidad le ha dado la razón y que los servicios jurídicos revisarán las sentencias del Supremo.

El País Vasco estudiará las sentencias para tomar una decisión sobre el futuro de la subvención. No obstante, los conciertos en esta región están renovados para cuatro años.

Por el contrario, la consejera de Asturias, Ana González, sostiene que la doctrina del Supremo «coincide» con los planteamientos del Gobierno autonómico, lo que supone que el Principado analizará las consecuencias legales para la renovación de conciertos en 2013.

El TSJ del Principado rechazó una resolución autonómica de 2009 que denegaba estos conciertos, pero no fue recurrida esta decisión judicial ante el Supremo.

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, está dispuesto, y así lo ha anunciado, a modificar la ley para explicitar que la enseñanza diferenciada no tiene por qué ser segregadora en «determinadas condiciones», de tal forma que pueda ser concertada.

Por su parte, el director general de Fomento de Centros de Enseñanza, Joan Curcó, espera que el Tribunal Constitucional zanje el asunto, pues la legislación puede modificarse cada vez que cambia el Gobierno.

Según Curcó, hay contradicción en el Supremo porque sí «reconoce la legitimidad» de este tipo de educación. “Si nuestro modelo es legítimo y, por tanto, no discrimina -enfatiza-, tenemos que tener los mismos derechos«.