El Consejo de Garantías Estatutarias ha emitido dos dictámenes seguidos. Hoy ha enviado al Parlamento el dictamen sobre el real decreto ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en el que concluye por unanimidad que preceptos de una docena de artículos y de seis disposiciones son inconstitucionales, no encuentran amparo a la constitución o bien vulneran la autonomía política y las competencias de la Generalitat.
Este dictamen del órgano consultivo de la Generalitat había sido solicitado por el gobierno catalán y por el grupo del PSC, como paso previo para poder interponer un recurso de inconstitucionalidad contra dicho decreto ley del gobierno central. Se da la circunstancia de que CiU apoyó en abril pasado en el Congreso de los Diputados la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
De signo contrario es el otro dictamen emitido por el mismo organismo consultivo catalán, al ver constitucionales algunos aspectos de la reforma laboral que recurrió el PSC, entre ellos la disposición adicional segunda, que hace referencia a los despidos en el sector público por causas económicas. El 24 de julio los socialistas presentaron en el Parlamento catalán un recurso ante el Consejo de Garantías Estatutarias sobre la Ley de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, surgida del trámite parlamentario del Real Decreto Ley de la reforma laboral que aprobó el Gobierno en febrero.
El PSC pedía así un nuevo fallo al organismo consultivo catalán, que en abril había dictaminado, a petición de todos los grupos excepto PP y C’s, que el Real Decreto contenía al menos dos artículos inconstitucionales y detectaba varios aspectos que invadían competencias de la Generalitat. Este fallo se produce en un contexto en el que la Generalitat contempla acometer despidos en el sector público en el marco del adelgazamiento de la administración y la necesidad de realizar restricciones presupuestarias, tal y como avanzó este agosto la vicepresidenta, Joana Ortega.
Aunque se reafirma en que la norma mantiene puntos que vulneran competencias de la Generalitat, avala la constitucionalidad de otros aspectos de la ley al analizar los artículos sobre los que el PSC solicitaba opinión el Consejo de Garantías. En concreto, el órgano consultivo de la Generalitat ha analizado los artículos 14.3, 18.3 y la disposición adicional segunda de la Ley, y se ha remitido al fallo publicado en abril para el resto de artículos recurridos por los socialistas. La disposición adicional segunda de la norma que se aprobó en el Congreso con los votos de PP, CiU, UPN y Foro de Asturias, modifica el Estatuto de los Trabajadores y facilita el despido en el sector público por causas económicas cuando se produzca «una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos correspondientes». Para que la insuficiencia presupuestaria se considere «persistente» será necesario que se produzca durante tres trimestres consecutivos, y la norma fija que tendrán prioridad a la hora de conservar su empleo aquellos trabajadores con un contrato fijo.
El dictamen del Consejo de Garantías se refiere también a otros dos puntos que no había analizado en el fallo de abril, y considera que no se vulnera el derecho a la negociación colectiva, ni son contrarios al derecho del trabajo reconocido. Entonces sostuvo que se vulneran competencias catalanas de trabajo y relaciones laborales, que otorgan al Servicio Público de Empleo Estatal funciones ejecutivas en el ámbito de contenidos formativos en los centros de formación y a la adjudicación de subvenciones para financiar planes de formación.
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