De este modo, la asamblea previsiblemente reprobará la actuación de un consejo que, en el último cuatrimestre de 2009, cuando el órgano estaba controlado por los tres hijos varones y dos hermanos de la primera accionista, destituyó a Rodríguez Sáinz-Rozas como presidenta ejecutiva y despidió a Juan Miguel Martínez Gabaldón como director general.

Posteriormente, el consejo abrió cinco acciones penales contra Martínez Gabaldón, entre las que figura una querella criminal por presuntos delitos de apropiación indebida y estafa.

El despido del directivo fue considerado improcedente por los tribunales, por lo que la compañía fue condenada a pagar un total de 9,19 millones de euros correspondientes a la indemnización, los intereses y las costas procesales.

Como consecuencia de la pugna que ha mantenido la familia por el control de la empresa, la junta ordinaria no se pudo celebrar en el primer semestre del año, como establece la Ley de Sociedades Anónimas, y se convoca dos meses después de la disolución del consejo y de la toma de posesión de Rodríguez Sáinz-Rozas como administradora única.

Rodríguez Sáinz-Rozas retomó el control sobre la galletera en octubre, casi un año después de ser destituida como presidenta ejecutiva por sus hijos y hermanos, una vez que quedaron inscritos en el Registro Mercantil los acuerdos de una junta extraordinaria que se celebró el 1 de septiembre en el interior de un coche.

Estos acuerdos se adoptaron con los votos a favor del 80,25% del capital social, correspondientes a la primera accionista, a su hija Lourdes Gullón y a Martínez Gabaldón (que controla un 16%).

Al día siguiente de asumir la administración única, la primera accionista de Gullón restituyó a Juan Miguel Martínez Gabaldón en el cargo de director general, en sustitución de su hijo menor, Félix Gullón.