Los parados estarán obligados a trabajar en la reconstrucción de áreas devastadas por el fuego. En caso contrario, si rechazan la llamada, se arriesgan a que se les aplique el reglamento sancionador que dispone la pérdida de la prestación o el subsidio de desempleo, según se indica en el decreto ley de medidas urgentes aprobado este viernes por el Gobierno.

La nueva norma, que entrará inmediatamente en vigor, tras su publicación en el BOE, se apoya en la reforma laboral aprobada en febrero por el Partido Popular, donde se “potencia” este tipo de colaboración “de utilidad social”, indicó el Gobierno. Además, la colaboración de los parados también está prevista en dos normas sobre el funcionamiento de la Seguridad Social de 1982 y 1994.

El reclutamiento obligatorio de parados servirá para paliar los daños provocados por los incendios forestales declarados en el país desde junio y los que puedan producirser hasta el 1 de noviembre. También podrá solicitarse su ayuda en el caso de otras catástrofes naturales.

No solo las administraciones de las zonas afectadas podrán solicitar el concurso de los parados. También las entidades privadas -sin ánimo de lucro- tendrán potestad para movilizar al contingente que, en agosto, superó los 4,6 millones de personas.

Tras recibir la llamada de auxilio, los servicios públicos de empleo –el antiguo Inem- serán los encargados de elaborar la lista de los elegidos. Para ello deberán atenerse a unos requisitos. En principio podrá ir cualquiera aunque la labor que se le exija deberá estar adaptada a sus “aptitudes físicas y profesionales”, expresó el Ejecutivo, sin mayores precisiones.

Tampoco podrá exigirse el cambio de residencia. Además, al parecer, también se exigirá al antiguo Inem que precise previamente la duración que tendrán esos trabajos obligados. “Estos trabajos deben tener carácter temporal”, afirma.

En ningún caso podrá entenderse que esta “colaboración” implica una relación laboral entre la entidad y el desempleado, añade. A cambio, “el trabajador continuará percibiendo la prestación o el subsidio”.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, precisó hoy con algún ejemplo la futura labor de los parados en las áreas devastadas por el fuego. Según la vicepresidenta,las áreas devastadas durante el verano–unas 180.000 hectáreas-  se configuran por “zonas muy amplias. Y si es posible contar con la colaboración en las tareas de limpieza con personas que reciben prestación por desempleo, el decreto permite que las administraciones y organizaciones no gubernamentales las empleen de esta manera”, detalló tras la reunión del Consejo de Ministros.

Además, el real decreto exonera a las empresas que hayan visto detenerse su actividad por culpa del fuego del pago de cuotas a la Seguridad Social, entre otros alivios fiscales. Cuando esto derive en despidos, el Estado pagará las indemnizaciones por a través del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).

Además, se ofrecen facilidades a los trabajadores afectados para cobrar la prestación por desmpleo, incluso en los casos en que reúnan el tiempo suficiente de cotización, y se otorga una moratoria en otros pagos a la Seguridad Social.

Acoso a los desempleados, según UGT

Por su parte, el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, acusó al Gobierno de promover “una campaña de propaganda constante de acoso a las personas desempleadas”, tras conocer que el Ejecutivo ha aprobado el decreto ley de medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios.

Ferrer ha señalado que “ese tipo de trabajo no la puede hacer cualquier persona”, sino que hay que tener unos conocimientos y “sobre todo una capacidad física” para realizarlo. Además, ha recordado que hay empresas que realizan ese tipo de trabajos para lograr un beneficio.

Además ha recordado que “la primera premisa” de este tipo de trabajos de colaboración social es que las personas en situación de desempleo no se harán trabajos que corresponden a trabajadores de las administraciones.

Por todo ello, ha opinado que la iniciativa del Gobierno va más en la línea de “culpabilizar a los parados de su propia suerte, como si estuvieran instalados en uan especie de regalía, en el ocio”. En este sentido, ha señalado que lo que destila el Real Decreto es “que las prestaciones y el subsidio generan la pereza”.

“Hay una campaña de propaganda constante de acoso a las personas desempleadas cuando el problema es que en España no hay actividad económica por culpa de las políticas de ajuste y de recortes”, ha concluido.