Oliver Wyman tiene previsto entregar mañana, 11 de septiembre, al Banco de España la información sobre la situación real de las entidades financieras que operan en España, basada en los datos proporcionados por cuatro auditoras (Deloitte, PwC, Ernst & Young y KPMG) y en un análisis posterior de Boston Consulting. La información que recibirá el supervisor incluye unas pruebas de resistencia (stress test) que determinan las necesidades de capital de cada entidad en un escenario especialmente adverso. De esta forma, no agota el plazo fijado en el memorándum pactado entre la Unión Europea y España para la ayuda financiera de hasta 100.000 millones de euros que recibirá la banca, y que hablaba del 15 de septiembre.

El Banco de España ha decidido que esa información no se hará pública hasta finales de mes. De esta forma, no agota el plazo fijado en el memorándum pactado entre la Unión Europea y España para la ayuda financiera de hasta 100.000 millones de euros que recibirá la banca, y que hablaba de la segunda quincena de septiembre. El argumento técnico es que Oliver Wyman entregará en esas fechas sus cálculos sobre el valor de las propiedades inmobiliarias que las entidades nacionalizadas (Bankia/BFA, NovaGalicia Banco, CatalunyaCaixa Banc, Banco de Valencia) deberán traspasar a la sociedad gestora de activos procedentes de la reestructuración, más conocida como ‘banco malo’. Y lo lógico es que todos los datos sobre la banca española se hagan públicos al mismo tiempo.

Pero las entidades financieras que van a aparecer en esa información como ‘sanas’, que no son sólo las más grandes, exigen al Banco de España la máxima celeridad en la publicación de los resultados de estos exámenes. La razón es obvia: en un momento en el que la prima de riesgo se ha relajado y se reduce sensiblemente la desconfianza de los mercados hacia todo lo que tenga que ver con España, las entidades financieras que superan con nota esas pruebas quieren que se visualice cuanto antes su privilegiada situación. Y que quede meridianamente clara la diferencia respecto a los bancos, fundamentalmente procedentes de cajas de ahorros, que tienen problemas.

Además, han exigido al supervisor que proporcione información individualizada, y no agregada, de la situación real de la banca, por el mismo motivo. Aunque las grandes entidades son perfectamente conscientes de que en los mercados no hay dudas sobre ellas, quieren que éstos tengan una imagen lo más nítida posible del sector financiero español.

Al mismo tiempo, estas entidades han puesto encima de la mesa del supervisor otro argumento de peso. La última fase del proceso de concentración está pendiente de los resultados de esos exámenes. Aunque todos están hablando con todos (el último movimiento conocido públicamente es el que puede terminar en una absorción de BMN por el Banco Popular), nadie dará un paso hasta conocer la situación real de las demás entidades.

Las grandes entidades argumentan que, si este proceso de consolidación no va a tener precedentes respecto a los anteriores, va a ser precisamente por la implicación de éstas, de mejor o peor grado, en el baile de fusiones. Y sin los grandes bancos, para los que incrementar su cuota de mercado en España compadece mal con su estrategia de diversificación internacional, esa concentración no se hará de una forma tan rápida y tan eficiente como quieren el Banco de España y el Gobierno. De momento, el BBVA se ha hecho cargo de Unnnim; CaixaBank, de Banca Cívica; el Popular, del Pastor, y el Sabadell, de la CAM. El Santander no ha movido ficha, aunque tiene asumido que tendrá que hacerlo, directamente o a través de Banesto.

Discreción imposible

El problema de la publicación de datos tan sensibles y complejos, y sobre todo susceptibles de varias interpretaciones, como la situación real de cada una de las entidades financieras que opera en España, es que la discreción, marca de la casa en el Banco de España, es imposible. Las filtraciones, más o menos interesadas, son un riesgo evidente, lo mismo que cada entidad presente sus datos de la forma que más le favorezca (o menos le perjudique).

La gran banca, sobre la que los mercados no parecen tener dudas y que proclaman que nunca apelarán a ayudas públicas, quiere que las notas de los exámenes se hagan públicas cuanto antes, para que se vean mejor los resultados obtenidos por estas entidades. Las cuatro entidades nacionalizadas saben perfectamente cuál es su situación, que sólo puede empeorar en algún caso tras estas pruebas.

En cambio, la situación no es precisamente cómoda para las entidades que están ahora mismo en una zona de sombra, con incertidumbres sobre su situación real o sobre su capacidad para encontrar fórmulas de recapitalización en el sector privado. Estos bancos y cajas prefieren una publicación de los datos más sosegada, más matizada, en la misma línea que el Banco de España.