En una rueda de prensa conjunta, los dirigentes de las Escuelas Católicas (FERE-CECA-EyG),  la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), la Unión Española de Cooperativas de Enseñanza (UECOE), la Federación Española de Centros de Enseñanza y Economía Social (FEDACES), la Fundaciò Escola Cristiana y los sindicatos FSIE y USO han subrayado que no sólo a la enseñanza pública le afectan las medidas aprobadas por el Gobierno y que la situación de «muchos» centros escolares este curso 2012-2013 es «insostenible» debido a la degradación de las condiciones sociolaborales de los trabajadores por los «sucesivos» recortes, así como el «reiterado incumplimiento» de los conciertos y de los acuerdos laborales por parte de algunas comunidades autónomas.

Los portavoces de la red concertada  han alertado de la situación especialmente difícil de la Comunidad Valenciana, donde no se abonan los gastos de funcionamiento (para afrontar el mantenimiento de las instalaciones y los servicios) de los centros desde el pasado mes de abril; en Baleares, no se paga la Seguridad Social de los religiosos desde hace más de un año y medio, ni las sustituciones de profesores desde 2010 (incluido) y que debe tres meses de los gastos de funcionamiento.

En Castilla-La Mancha, no se abona la Seguridad Social de los religiosos desde mayo, tampoco las sustituciones de todo el curso 2011-2012, ni los importes de gratuidad de los librm os de texto o la paga de antigüedad de los docentes; y en Andalucía, no se han pagado aún los gastos de funcionamiento de los tres últimos meses.

A los impagos de numerosas comunidades autónomas se han unido este año dos reales decretos -el de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo y el de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad- que están llevando a la enseñanza concertada hacia una «situación límite».

El director de la Asesoría Jurídica de EyC, Luis Centeno, ha asegura que “no ha habido cauce abierto de diálogo con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte», que dirige José Ignacio Wert. Asimismo, ha pedido “la urgente convoctoria» de la Mesa sectorial de la concertada para revisar la «temporalidad» de algunas de las medidas aplicadas y «restablecer» así la situación anterior.

También ha recordado que la enseñanza concertada, que escolariza a unos dos millones de alumnos de todos los niveles, está amparada por la Constitución Española y supone un «ahorro» al Estado de más de 4.000 millones de euros al año, si se tiene en cuenta lo que cuesta un aula de la pública y un aula de la concertada. «Si se tienen que cerrar centros concertados, al final la factura de la educación pública será muchísimo mayor»,  pero se trata, ha indicado, de un modelo «que demanda la sociedad».

Entre las medidas que agravan la situación, la concertada destaca el aumento de hasta un 20% del número de alumnos por aula, que ha supuesto, según sus responsables, la eliminación de unidades concertadas y la atención de más alumnos con menos medios y con un mayor coste en mobiliario, instalaciones. También advierten de que la reducción del pago por sustituciones ha obligado a la extinción de contratos de interinidad en verano.

Sobre el aumento de la jornada lectiva en Primaria, aseguran que no se han tenido en cuenta los acuerdos suscritos con las comunidades autónomas. Además, indican que  la reducción de los salarios del profesorado se ha aplicado «en términos análogos» a la de los de la pública y supone una pérdida del poder adquisitivo del 20% desde 2010.

Estas organizaciones afirman que la pérdida adquisitiva de los centros asciende a un 30% desde 1993 hasta la actualidad, que además no ha tenido en cuenta el impacto del incremento del IVA de septiembre de 2012. También alertan sobre el mantenimiento del «déficit histórico» que arrastran los módulos de concierto, la reducción de unidades de apoyo de alumnos con dificultades, así como las ayudas para comedor, transporte y libros.

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