Antes de iniciar este proceso de privatización se suprimió la restricción legal anteriormente existente que obligaba al Estado a mantener una posición mayoritaria en el capital de la compañía.
Con esta operación, sobre la que el Gobierno ha recabado un informe preliminar del Consejo Consultivo de Privatizaciones, se busca dar entrada en la gestión del seguro de crédito a la exportación a un operador especializado que «aporte, además de una oferta económica adecuada, capacidades técnicas que permitan mejorar la eficiencia de la gestión del seguro de crédito a la exportación».
La Administración mantendrá un control público de la actividad de la Cuenta del Estado, que gestiona Cesce.
La SEPI será agente gestor de la privatización, para lo que se suscribiría un convenio con la Dirección General del Patrimonio del Estado. El Gobierno señaló que el resultado económico de esta enajenación se ingresará en el Tesoro Público.
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