Quizás muchos se acostaron el 11 de setiembre con la sorpresa de que centenares de miles de catalanes reclamaban la independencia. Pero esta «fiebre independentista» no aparece de la noche a la mañana sino que es un sentimiento que va incrementándose con un malestar que nace día a día gracias a las valiosas aportaciones de los políticos tanto del PP como del PSOE. La misma víspera de la manifestación el propio presidente del Gobierno aseguraba que el país «no estaba para algarabías». Se presupone que Rajoy estaba suficientemente informado de la situación como para que esta afirmación no fuera gratuita, como lo debía estar TVE para explicar este acto como la quinta noticia del día.

Los avisos que se daban desde Catalunya de la creciente malestar vienen de lejos, la prueba es que la sentencia del Tribunal Constitucional revocando un Estatut ya muy recortado en su tramitación parlamentaria también provocó que una multitud saliera a la calle en julio del 2010. Entonces todo fueron buenas palabras y promesas que nadie pensaba cumplir, además de desprestigiar absolutamente este organismo por la rocambolesca tramitación de este recurso.

Los intentos de diálogo entre Catalunya y España se remontan a finales del SXIX y desde entonces se han ido repitiendo paralelamente al distanciamiento que se iba produciendo entre los dos pueblos. Es de suponer que en estos desencuentros todos tienen razones aunque seguramente nadie tenga la razón. Lo que es evidente es que muchos catalanes se sienten agraviados e incómodos con su pertenencia a España. Incluso los que siempre han luchado por un entendimiento. Un buen ejemplo de ello es el cambio de actitud de Jordi Pujol, que siempre había apostado por el entendimiento con el Gobierno central hasta que ha evolucionado postulando que el futuro de Catalunya es la independencia o morir como pueblo. Estos días cobraba actualidad la «Oda a España» de Joan Maragall que acaba con un «adiós España» escrita en 1898.

El último intento de buscar puntos de acercamiento fue el Estatut propugnado por Pasqual Maragall y su apuesta por un estado federal. Encontró el enemigo en su propia casa. La frase de Zapatero que apoyaría «aprobaré el Estatut que salga del Parlament» aún se toma hoy a chirigota. La recogida de firmas del PP para recurrir el mutilado texto que salió del Congreso (Guerra se vanagloriaba de «haberlo cepillado» tuvo una segunda parte en el sainete que representó su tramitación en el Tribunal Constitucional. Un año antes se la sentencia, Arenys de Mar había estrenado los mes de un centenar de referéndums populares sobre la independencia

Mientras el PP -y significativas voces socialistas- emprendieron una guerra contra la ley de inmersión lingüística de la Generalitat, aún a sabiendas que la coexistencia entre las dos lenguas es más que armoniosa y que el uso del castellano es más habitual que el del catalán en muchas ciudades. Pese a ello los recursos contra que la lengua catalana fuera vehicular en la enseñanza se han ido sucediendo y politizando al máximo las denuncias de unos mínimos casos que determinados medios y partidos se han esforzado en magnificar. La lengua es un tema muy sensible y no pocas declaraciones han herido a los catalanes

En el terreno económico también los catalanes tienen un largo memorial de agravios. El mundo empresarial cagtalán tiene el sentimiento de que desde el Gobierno se ha frenado el desarrollo de económico de Catalunya. Los peaje en todas las autopistas catalanas contrastaba con la red de autovías gratuitas en todo el estad, la falta de conexiones ferroviarias (hay tramos entre Barcelona y Valencia con una sola vía), aparte de la apuesta de los ministros de Fomento, tanto la socialista como la popular, por el corredor ferroviario central -de dudosa rentabilidad- en detrimento del corredor mediterráneo. Aparte las inversiones en la red del AVE, en la que Barcelona tuvo que esperar hasta el 2008 para lograr la conexión con Madrid, y la unión entre Barcelona y Francia lleva años en la cola de espera mientras que la conexión con Valencia parece que es una utopía, eso si, la mayoría de capitales de provincia está conectada con Madrid, aunque algunas no tengan pasajeros. Sin olvidar el veto que ha sufrido el aeropuerto de Barcelona para poder tener vuelos intercontinentales directos. Sin olvidar las campañas de «no compre productos catalanes» que de manera más o menos encubierta se repiten.

Otro motivo de agravio fue los sucesivos incumplimientos económicos del Gobierno central con la Generalitat, lo que ha desestabilizado no poco la necesaria financiación del gobierno autonómico, desde el impago de los 759 millones de la disposición adicional tercera del Estatut, cuando el Gobierno central ya los tenía presupuestados y la Generalitat gastados, hasta el retraso en el pago 1450 millones anuales del fondo de competitividad, que durante años los había adelantado y el gobierno socialista sin previo aviso aplazó su pago. Todo ello ha servido a Artur Mas para que culpara a Madrid de los recortes que ha tenido que hacer tanto en sanidad como en educación y en el sueldo de los funcionarios. Ello ha propiciado que la Generalitat acusara al Gobierno central de «deslealtad institucional».

El desequilibrio entre lo que Catalunya aporta con sus impuestos al Estado y los que recibe de él ha sido un argumento hábilmente utilizado por el Govern, quien culpa de que esta diferencia es la que ha provocado el desequilibrio de las cuentas de la Generalitat (según datos de este organismo, el déficit fiscal que tiene Catalunya con el Estado representan unos quince mil millones anuales).

Estos argumentos, junto al cúmulo de declaraciones despreciativas por lo catalán ha propiciado que en los últimos cinco años los independentistas hayan pasado de rozar el veinte por ciento a superar ligeramente el cincuenta por ciento. Los «secesionistas de bolsillo» están incrementándose por momentos ante la promesa de que si Catalunya volara sola sería uno de los países más prósperos del mundo.

Sentimentalmente también duele las numerosas declaraciones de políticos de diversos signos que van calando en un «no nos quieren» y por el principio de acción reacción es el «no los queremos». Hechos que podrías ser anecdótico cobran una dimensión especial. Por ejemplo el despliegue policial en media España para «controlar» a los aficionados catalanes y vascos que acudían a ver la final de la Copa del Rey y el trato vejatoria que por parte de la policía recibieron tanto en la carretera como en el Vicente Calderón fue interpretado como una muestra de la animadversión que el centralismo tiene hacia estos dos pueblos.

No es de extrañar que la festiva manifestación de la Diada -multitudinaria y pacífica- y la apuesta de Artur Mas por encabezar el proceso independentista haya propiciado que muchos catalanes superaran la depresión que les provocaba los efectos de la crisis y encontraran en este proceso una luz a la esperanza.

Las reacciones que han tenido los dirigentes políticos del Gobierno, el PP y del PSOE se interpretan aquí que estos partidos no han entendido nada de lo que está sucediendo en Catalunya. Mientras sigan pensando que sólo es «una algarabía» las posibilidades de encontrar salidas no traumáticas se reducen y la próxima visita de Artur Mas a Mariano Rajoy en Catalunya se da por descontado que será otro diálogo de sordos.

Es evidente que España no entiende Catalunya y Catalunya no entiende a España y la actual crispación hace muy difícil buscar escenarios que permitan superar este desencuentro (caso de que hubiera voluntad real de intentarlo).