Las dos asociaciones mayoritarias de padres de alumnos, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa) y la Confederación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos y Padres de Familia (Concapa), se han unido para lanzar  un “llamamiento urgente” al Gobierno para que incluya una partida extraordinaria en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2013 con objetivo de crear bancos de libros de texto para préstamo y mantener las becas de comedor.

Ambas asociaciones, que representan a más de 11 millones de familias españolas (95% con hijos en edad escolar), denuncian su asfixia económica con motivo de los recortes presupuestarios proponen que se constituya un fondo de bancos de libros para todos los centros educativos con cargo a los recursos para becas y ayudas, que actualmente se gestionan de forma independiente. Asimismo, reclaman que ambas cuestiones y los problemas que de ellas se derivan se incluyan en la agenda de la Conferencia de Presidentes de las comunidades autónomas que el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, tiene previsto convocar a primeros del mes de octubre.

Ceapa y Concapa recuerdan que el artículo 27.4 de la Constitución establece que «la enseñanza básica es obligatoria y gratuita» por lo que, en su opinión, la adquisición de los libros de texto «no debería ser un obstáculo para ninguna familia». Sin embargo, el presidente de Ceapa, Jesús María Sánchez, insiste en que, según los cálculos de su organización, un tercio de las familias españolas tendrán dificultades este curso para que sus hijos dispongan de este material.

Por su parte, el presidente de Concapa, Luis Carbonel, califica de “escándalo” los precios de los textos escolares  y considera inadmisible que  los libros de Geografía o Historia se cambien cada año o que contengan páginas de ejercicios que hacen imposible su reutilización.

La solución, según estas asociaciones, no está en las ayudas directas para la compra de este material, para las que calculan unas pérdidas de entre un 30 y un 50%, sino que pasa por crear bancos de libros escolares, por establecer que los libros duren hasta cinco años, por definir un precio máximo o por convocar concursos. Igualmente, piden a las editoriales que se impliquen y reduzcan sus márgenes de beneficios en estos momentos de crisis.

«Somos transmisores del malestar social de millones de familias. Eso debería llevar a pensar al Gobierno dónde aplica los recortes»,  precisa  Carbonel, al tiempo que remarca  que sería «imprudente» por parte del Ministerio de Educación no atender sus demandas pues, como advierte Sánchez, se reservan el derecho a llevar a cabo cualquier tipo de «acción popular» si no se atienden sus reclamaciones.

El “tupper” en los colegios

Ceapa y Concapa abordan también el problema de los comedores escolares. Señalan que en este curso la mayoría de las comunidades autónomas han endurecido los requisitos para acceder a una beca de comedor, por lo que muchas familias se han quedado sin esta ayuda. “Debemos ser conscientes de que, para algunas familias, ésta puede ser la única comida equilibrada del día que hacen muchos niños y niñas”, aseguran. Por tanto, el servicio de comedor “se convierte en esencial para aquellas familias que carecen de recursos suficientes como consecuencia de la crisis o de la pérdida de empleo”.

Ante la utilización del “tupper” en los  colegios como  alternativa al comedor, aseguran que respetan la libertad de los padres para utilizar esta fórmula,  «siempre y cuando se establezcan los controles y personal necesarios para los más pequeños, planteando unos precios razonables» por el uso del comedor, electrodomésticos y por el cuidado de monitores, que, a su juicio, «debe fijar la asociación de padres».

No obstante, ambas asociaciones se muestran “preocupadas” por cómo se controlará la alimentación de los alumnos más pequeños (Infantil y primer ciclo de Primaria). También están inquietos por quién será el responsable de la conservación de las fiambreras y por el tipo de atención que recibirán los niños durante las horas de la comida. Consideran que son las comunidades autónomas las que deben encargarse de que las medidas higiénicas y sanitarias cumplan con todas las normativas vigentes de comedores escolares de forma que no se descargue esta responsabilidad sobre consejos escolares ni familias.   Para Carbonel, «la Administración debería considerar que con el ahorro que persigue puede provocar una serie de problemas organizativos, nutricionales o sanitarios, como “intoxicación o comida inadecuada”.