El objetivo de la Ley Orgánica de Mejora de la calidad de la Educación (LOMCE) es, según el ministro de Educación, José Ignacio Wert, lograr que las tasas de fracaso y abandono prematuro se acerquen a las de la Unión Europea. Es una reforma “práctica, sensata, gradual e instrumental,  pero en modo alguno ideológica”, ha asegurado el ministro.

Entre las medidas más relevantes del texto destacan el aumento la capacidad del Ejecutivo para fijar los contenidos comunes en todas las comunidades autónomas. El anteproyecto incrementa esta competencia estatal hasta el 65% en las comunidades autónomas con lengua cooficial y hasta el 75% en el caso de las que no tienen lengua vernácula.  La normativa vigente fija esos porcentajes en un 55% y 65% respectivamente. Asimismo, regula el acceso a los conciertos de los colegios que separan a los niños y las niñas, siempre que cumplan los requisitos de la Convención de la Unesco referida a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza.

Como hito destacado en la propuesta de Wert, aparece la implantación de  pruebas de evaluación, las ya popularizadas como “reválidas”. Esto significa que  habrá  cuatro exámenes estatales. Uno en 3º de Primaria, para detectar problemas de aprendizaje en la mitad de esta etapa; otra en 6º de Primaria, sin consecuencias académicas para el alumno (si no lo aprueba, no estará obligado a repetir); una más en 4º de la ESO, necesaria para obtener el título; y la última en 2º de Bachillerato, imprescindible para alcanzar el título.

La calificación final de ESO combinará la nota media de las notas obtenidas en ESO ponderada al 70%, y la nota de la evaluación final al 30%. La nota final de Bachillerato combinará la nota media de las obtenidas en Bachillerato ponderada al 60%, y la nota de la evaluación final al 40%. Esto es lo que sucede ahora con las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), o Selectividad.

Precisamente, la evaluación de 2º de Bachillerato sustituirá a las actuales PAU. Pero hay más, Wert  ha advertido, tras el Consejo de Ministros, de que las universidades podrán exigir a los candidatos a ingresar en ellas un examen específico, una entrevista o unas notas determinadas en algunas asignaturas.

La pretendida reforma eliminará determinadas materias, “reducción de la dispersión” de contenidos, ha dicho Wert, para dar mayor carga horaria a otras. Las horas que ocupan algunas materias como Conocimiento del Medio o Educación para la Ciudadanía servirán para reforzar asignaturas instrumentales: Matemáticas, Lengua e Inglés.

En 3º de la ESO se introducirán vías o itinerarios, que se diferenciarán plenamente en 4º de la misma etapa. Los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), destinados a alumnos de 15 años serán reemplazados por una Formación Profesional Básica obligatoria, de dos años de duración y, también en el ámbito de la FP, se flexibilizarán las vías de acceso al Grado Medio y al Superior. mediante materias optativas.

La autonomía de los centros es otro de los puntos que Wert intenta reforzar, ya que podrán definir su propio modelo pedagógico; eso sí, a cambio de la llamada “rendición de cuentas” pedagógica y económica. Para reforzar la pretendida autonomía, se quiere otorgar una mayor profesionalización de los directores. Habrá acciones de cualidad con “incentivos adecuados”.

Finalmente, se fomentarán el aprendizaje de lenguas extranjeras, con el bilingüismo como horizonte, y la implantación de las nuevas tecnologías en las aulas.

En cuanto al coste de la reforma, el titular de Educación ha asegurado que con los ajustes de asignaturas y la reubicación de profesores de asignaturas que se pierden,  en la implantación “se produce un efecto neutro”.  Sin embargo, en este sentido ha hablado de “incentivos de movilidad” para los docentes.

Los costes de consolidación los ha cifrado en unos  300 millones de euros pero ha hablado de “diferentes escenarios” ha hablado de diferentes escenarios p. Sin embargo, ha hablado asimismo de “incentivos de movilidad” para los docentes.

La  luz verde del Ejecutivo da paso a la apertura de un debate con la comunidad educativa para tratar de buscar acuerdos sobre la futura ley.

José Ignacio Wert ha anunciado que en paralelo se están iniciando los trabajos para comenzar la tramitación del estatuto del docente no universitario, a través de un anteproyecto de ley diferente al que contiene la reforma del sistema.

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