“Haga como yo. No se meta usted en política”, aconsejaba el general Franco, que no concebía más política que la que emanaba de su propia voluntad,  que era  impuesta de forma autorizaría y con toda la fuerza coercitiva imaginable. Durante la larga Dictadura no se escatimaron esfuerzos para denigrar toda acción política y para desprestigiar a los partidos que eran presentados como la encarnación de todos los males. Hoy, algunas decenas de años más tarde,  son muchas las fuerzas y movimientos, desde la derecha más recalcitrante hasta grupos de izquierda radical, que parecen empeñados en esa misma tarea.

La crisis económica, con su acompañamiento de medidas de carácter predominantemente financiero y economicista, que no se recatan a la hora de cercenar derechos adquiridos y de socavar los cimientos del  Estado de Bienestar, que están provocando el empobrecimiento de muchos españoles y escamoteando las esperanzas de futuro de otros muchos, han provocado sin duda alguna un creciente malestar entre la población y el desapego de los ciudadanos de sus gobernantes, de sus representantes, de la política e incluso una cierta desafección democrática, como muestran los diversos estudios de opinión.

En este caldo de cultivo, con consignas oportunistas, demagógicas y populistas, se promueve una gran manifestación ante el Congreso de los Diputados, órgano de representación del pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado, bajo el lema de Ocupa el Congreso,  no se sabe muy bien con que finalidades, si forzar la dimisión del Gobierno o forzar la disolución de las Cámaras, y todo ello en una representación que nadie les ha conferido. Probablemente, la consigna tan coreada de “No, no nos representan” podrían aplicársela a ellos mismos, por más que muchos veamos con simpatía algunas de sus propuestas y la movilización social que han sido capaces de promover.

Los partidos políticos, según la Constitución, expresan el pluralismo político y concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental de participación. Y, aunque en la actual coyuntura no esté muy bien visto decirlo, considero que la política es una de las actividades más nobles y necesarias, especialmente en tiempos de tribulación como los que vivimos.

Cierto es que contamos con una Ley Electoral, criticada por todos, pero que nadie se atreve a cambiar, que distorsiona significativamente la representación de la voluntad popular al primar a los partidos mayoritarios y a las formaciones nacionalistas en perjuicio de otros que, con mayor respaldo de votos, pueden obtener menos escaños. Igualmente la consagración de las listas cerradas y bloqueadas hace que los disputados estén más atentos a los designios de los aparatos de sus respectivos partidos que a los intereses y expectativas de sus electores, entre otros defectos. Una realidad que, sin duda, es preciso corregir y, además, hacerlo cuanto antes.

Para ello, el debate público, la participación ciudadana, la movilización, la exigencia a cada diputado electo para que cumpla y responda ante sus electores,  presionar para la democratización interna de los partidos, el ejercicio del derecho al sufragio, etc. son instrumentos necesarios y derechos que deben ejercitarse democráticamente.

Pero acciones como el Cerco al Congreso u Ocupa el Congreso creo que pueden ser interpretadas como una descalificación y deslegitimación de las instituciones democráticas representativas y poner en cuestión un sistema que, con todas sus imperfecciones, es el que mejor garantiza los derechos y libertades de los ciudadanos y el único que hace posible la crítica, la participación y el respeto de las minorías. Entre otras, la que promueven ese movimiento con una representación no acreditada, pero con algunas reivindicaciones que no suenan del todo mal.

Los promotores de las concentraciones, a mi entender, se han equivocado de destinatario de sus críticas y presiones. Hubiera tenido más sentido que las dirigieran contra los distintos Gobiernos, tanto de la Nación como de algunas Comunidades Autónomas, que son los que promueven medidas antisociales o contra los partidos políticos que imponen una férrea disciplina a sus diputados,  condicionan el debate público y vacían de contenido el mandato representativo.

Pero centralizar las protestas ante el órgano de representación de los españoles, democráticamente elegido, me parece que es errar el blanco y el tiro. Y, a la larga, solo servirá como pretexto para ahondar la deslegitimación de las instituciones democráticas.