Tanto el Ministerio de Economía como el Banco de España han dejado muy claro, en sus contactos con las entidades, que no permitirán la ruptura de las fusiones en marcha. Una decisión que afecta a dos operaciones: la integración de Caja España Duero en la malagueña Unicaja, y la incorporación de Liberbank (CajAstur más Banco Castilla La Mancha, la antigua CCM; Caja Cantabria y Caja Extremadura) a Ibercaja 3 (con Caja 3, -CAI, Caja Círculo y Caja Badajoz-) en la nueva Libercaja. No se incluye aquí una posible unión entre el Popular y BMN (Caja Murcia, Caja Granada, Caixa Penedés y Sa Nostra) porque esa operación nunca ha sido anunciada ni mucho menos aprobada por sus órganos de gobierno. Sólo se han reconocido «contactos».

La intención de Economía con esta imposición a que finalicen los procesos de fusión en marcha es evidente. Tras tener que asumir Bankia/BFA, NovaGalicia, CatalunyaCaixa y Banco de Valencia, se quiere evitar la nacionalización de más entidades financieras. Y la mejor forma de hacerlo es a través de las fusiones.

De hecho, las pruebas de Oliver Wyman se ha hecho asumiendo que los dos proyectos de fusiones en marcha van a culminar. Algo que no ha gustado nada a las entidades afectadas.

Pero la cuestión no es tan sencilla. Las dos fusiones en marcha están pendientes de las exigencias de capital que afloren el día 28, cuando Oliver Wyman haga públicos los resultados de los exámenes a la banca española. Si los números no salen, será prácticamente imposible que Unicaja se haga cargo de Caja España Duero, lo que pone a la entidad castellanoleonesa al borde de la nacionalización. “Si no se hace esta operación, no vemos otra salida”, reconocen en Caja España Duero, una fusión hecha por imposición del Gobierno autonómico.

En la otra fusión en marcha, el ambiente es menos pesimista. Quizás porque precisamente el día después de que se haga pública la situación real de cada grupo bancario en España, las asambleas generales de Liberbank, Ibercaja y Caja 3 votarán sobre la operación.

El condicionante de la ayuda publica

Pero hay otro problema. El Memorándum de Entendimiento pactado entre el Gobierno y la Comisión Europea para la línea de ayuda financiera de hasta 100.000 millones de euros a la banca habla claramente de que sólo se concederán ayudas públicas a entidades viables. Tanto Unicaja como Ibercaja no van a necesitar, casi con toda probabilidad, ayudas públicas para cumplir en solitario con las nuevas exigencias de capital. Son, por tanto, entidades viables. Pero dejarían de serlo, y necesitar ayudas públicas, si culminan sus fusiones en marcha.

En Bruselas comienza a ganar adeptos la tesis de que hay que evitar dañar a las entidades compradoras que, de ir en solitario, no tendrían que disponer de ayuda pública, y si necesitaran capital adicional podrían afrontarlo por sí mismas. Una tesis que también crece en número de partidarios tanto en el Banco de España como en el Ministerio de Economía, aunque el mensaje oficial es que las fusiones en marcha deben culminarse.

Un tercer factor en contra de las fusiones en marcha es que un elevado volumen de ayudas públicas puede provocar alteraciones en los ya delicados equilibrios de capital en los grupos resultantes. Ibercaja preferiría seguir en solitario a estar en un grupo cuya gestión estaría muy condicionada por la presencia pública. Y algo similar ocurriría con Unicaja a la hora de absorber Caja España Duero.

En el caso de BMN o de cualquier otra operación en España, el Popular ha dejado muy claro que no participará si hay de por medio ayudas públicas que puedan condicionar la gestión de la entidad.

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