El Ministerio de Fomento tiene encima de la mesa una posible nueva nacionalización de autopistas con graves problemas financieros como ya ocurrió en la década de los ochenta. Este proceso se traduciría en la creación de una sociedad para aglutinar las concesiones que actualmente que se han apuntado al pre-concurso de  acreedores o las que ya están inmersas en la que antes se denominaba suspensión de pagos. Se trata de las autopistas de peaje Madrid-Toledo y la R-4 Madrid-Ocaña, que  han solicitado el concurso de acreedores, mientras que la Cartagena-Vera y las radiales de Madrid R-3, Madrid-Arganda y R-5  y Madrid-Navalcarnero, que han pedido el preconcurso. En conjunto suman una deuda de 2.165 millones de euros. Y es que la normativa vigente señala que el Gobierno debe hacerse cargo de las autopistas en quiebra, ya que son concesiones y el responsable último del  funcionamiento de estos activos es el Estado.

Existe otra posibilidad de salida de esta crisis pero no parece que cuente con una gran capacidad de éxito. La cuestión está ahora en manos de los jueces que gestionan el proceso legal en el que están inmersas las citadas concesiones. Queda por crear la sociedades administradoras del proceso concursal,  uno de los pasos siguientes de este proceso, las cuales negociarían con la banca acreedora quitas que pudiesen hacer viables las compañías afectadas. Si los nuevos administradores logran ese objetivo, podrían  optar por hacer nuevas licitaciones para adjudicar los tramos afectados por esta grave crisis financiera y de viabilidad.

Pero, según medios del sector, si no cambian las circunstancias es difícil que los jueces estimen que las concesiones pueden volver a ser rentables, por lo que pasarían a manos del Estado. Destacan que ha fracasado, por falta de fondos de Fomento, medidas aprobadas de apoyo como los créditos participativos y las compensaciones por la caída del tráfico. Y si esto ha ocurrido hasta el momento, las fuertes restricciones al presupuesto para 2013 del departamento que dirige Ana Pastor hacen prever que el entorno se hará más complicado. Los mismos medios añaden que el ministerio sólo tendrá fondos en 2013 para hacer frente  compromisos ya contraídos.

Desde Aseta, la asociación que agrupa a las empresas concesionarias, se estima que la medida más eficaz sería la implantación de los peajes en toda la red de autopistas, lo que serviría para que el Estado recaudase entre 1.800 a 3.500 millones de euros al año, contribuyendo así al mantenimiento de las infraestructuras. Las más afectadas por la crisis son las autopistas con concesiones que tienen aún menos de diez años de historia, por lo cual están muy apalancadas y además se han visto afectadas por sobrecostes por la expropiación del suelo, así como por un factor que deteriora las cuentas de todo el sector: el desplome del volumen de tráfico derivado de la crisis. No obstante, parece que no es fácil que el Ejecutivo opte por esta recomendación.

De la  adjudicación de la Empresa Nacional de Autopistas entre 2002 y 2003 por 1.580 millones de euros, ganada por Sacyr, prácticamente surgió la actual Itinere.

Por su parte, la portavoz de CiU en la Comisión de Fomento del Senado, Montserrat Candini, instará al Gobierno a preparar en un plazo de tres meses una reforma global de la política de peajes en las autopistas.