Montoro defendió este miércoles en el pleno del Congreso de los Diputados, la importancia de la nueva ley de antifraude para reducir la economía sumergida y la lucha contra la pérdida de ingresos públicos.

El pleno rechazó devolver al Gobierno el proyecto de ley de Lucha contra el Fraude, tal y como pedía la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), cuya enmienda de totalidad sólo tuvo el apoyo de quince diputados frente a los 292 votos en contra de PP, PSOE, CiU, UPyD y PNV.

En su intervención el ministro afirmó  que desde 2007 se han perdido siete puntos de PIB de recaudación, unos 70.000 millones de euros, mientras que el PIB per cápita es el doble del que había en 1996. «La crisis económica puede explicar parcialmente esta reducción de ingresos, pero otra buena parte se debe a un incremento considerable de la economía sumergida y del fraude”, añadió.

Cristóbal Montoro indicó en este sentido que la nueva norma contra el fraude es el “proyecto legislativo más decidido e importante” que se ha diseñado en España en las últimas décadas para atajar los incumplimientos tributarios.

Novedades

Entre las novedades incluidas en el proyecto recalcó el endurecimiento del acceso al régimen de módulos y la limitación del pago en efectivo a 2.500 euros, en el caso de operaciones en donde participen empresarios o profesionales.
«El uso de efectivo no debe promover ni ser causa de economía sumergida”, añadió. Además, todos los contribuyentes deberán informar sobre cuentas, valores e inmuebles que tengan en el extranjero.

Al mismo tiempo y como complemento de la nueva ley antifraude, el Gobierno tiene en marcha una reforma del Código Penal. A través de ella se fija un tipo agravado para el delito fiscal que supondrá elevar la pena máxima a seis años de prisión, y el plazo de prescripción, hasta los diez años.