El diablo está en los detalles. En el caso de los exámenes a la banca española que ultima la consultora Oliver Wyman, y cuyos resultados se harán públicos el viernes, en la metodología. El aspecto más conflictivo, sobre todo porque supone deteriorar todavía más la situación de las entidades financieras que han tenido que ser nacionalizadas, es el el tratamiento de los créditos fiscales. Éstos consisten en el ahorro tributario que se apuntan las empresas mientras están en pérdidas, y que convencionalmente sólo se admite cuando es previsible que éstas volverán a obtener beneficios y a cumplir con Hacienda.

La cuestión no es precisamente menor. Prueba de ello es que Oliver Wyman ha solicitado a los 14 grupos bancarios (que suponen el 90% del sistema financiero español) esos datos concretos dentro de su examen. Pero no ha precisado si los créditos fiscales se incluirán en el cálculo de la solvencia de las entidades, reduciendo por tanto sus necesidades de capital.

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, y el equipo que desde el Gobierno, el Banco de España y el Frob coordina el proceso de reestructuración del sistema financiero, están redoblando esfuerzos para que Oliver Wyman contabilice los créditos fiscales a la hora de evaluar la situación real de la banca española.

La consultora parece aceptar el criterio de Basilea III, que entra en vigor a partir de 2013, que dejará de contabilizar los créditos fiscales para el cálculo de los recursos propios de las entidades financieras.

La Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional están implicados en ese pulso, junto a las firmas KPMG, Deloitte, Ernst & Young, Boston Consulting y PricewaterhouseCoopers, que participan en el examen de Oliver Wyman. Bruselas quiere que el ejercicio refleje, lo más exhaustivamente que se pueda, la situación real de la banca española. El Gobierno, reducir al máximo el dinero que se va a inyectar desde la Unión Europea (máximo, 100.000 millones de euros de ayuda financiera, según el Memorándum de Entendimiento suscrito en julio).

Aquí el Gobierno es juez y parte. Si no se contabilizan los créditos fiscales, el grupo Bankia/Banco Financiero y de Ahorros, que en el primer semestre contabilizaba 9.448 millones de euros en esta partida, puede elevar sus necesidades de capital, actualmente cifradas en 19.000 millones por el equipo del nuevo presidente, José Ignacio Goirigolzarri. A cierre de 2011, y según datos de la auditora Deloitte, CatalunyaCaixa contaba con créditos fiscales por 1.400 millones; NovaGalicia Banco, unos 2.000 millones; y Banco de Valencia, 600 millones, lo que suma 4.000 millones.

Las diferencias metodológicas afectan al Popular

Las diferencias metodológicas entre Oliver Wyman y Economía afectan no sólo a las entidades financieras nacionalizadas, ni se limitan a los créditos fiscales. El Banco Popular es el que, de forma notoriamente pública que contrasta con su habitual discreción en estas cuestiones, más critica los criterios del examen. La metodología puede hacer que el Popular no tenga necesidades adicionales (como sucede, previsiblemente, con Santander España, BBVA España, CaixaBank, Sabadell, KutxaBank y Bankinter), que requiera capital, pero menos del 2% de sus activos ponderados por riesgo, o que lo haga por encima de ese porcentaje.

La diferencia no es baladí. Las entidades del grupo 3 (el grupo 0 no tiene necesidades; el 1 lo forman las nacionalizadas, y el 2, las que van a necesitar ayudas públicas) se dividen, a su vez, entre las que superan el 2%, que deberán emitir bonos convertibles Cocos que serán suscritos por el Frob y recomprables a éste antes del 30 de junio de 2013 (en caso de que no puedan, pasarán al grupo 2), y las que no lleguen a esa tasa, que tendrán hasta el 30 de junio del año que viene para captar capital por medios privados (en caso contrario, recibirán ayudas públicas como las del grupo 2).

En el Popular mantienen que no aceptarán ayudas públicas en caso alguno, por lo que deberá vender activos y captar inversores privados. Pero evitará tener que traspasar el ladrillo a la Sociedad Gestora de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SGA), más conocida como ‘banco malo’.

Otras entidades también critican que el examen de Oliver Wyman se haga sobre grupos que no están en realidad operativos, como Unicaja España Duero o Libercaja (Ibercaja más Caja 3 y Liberbank). Sus promotores, Unicaja e Ibercaja, no parecen necesitar capital en solitario, pero sí los nuevos grupos, lo que puede implicar la marcha atrás en esos procesos. Algo que no gusta nada al Banco de España y, sobre todo, al Ministerio de Economía, que no quiere nacionalizar más entidades.

El sector da por hecho que BMN, Liberbank, Caja España Duero y Caja 3 van a aparecer en el examen de Oliver Wyman como entidades del grupo 2 o, como mucho, del Grupo 3, con necesidades superiores al 2%.

El ‘banco malo’, otro campo de batalla

Los créditos fiscales no son el único protagonista en el pulso entre Bruselas y Madrid. El ‘banco malo’ es otro campo de batalla de discusiones. Economía quiere aplicar en el traspaso de los activos ‘tóxicos’ de la banca a la SGA descuentos equivalentes a las provisiones adicionales que las entidades han tenido que hacer en las tres reformas financieras implantadas por De Guindos: 80% para suelo, 65% para promociones sin terminar, 35% para vivienda acabada.

Bruselas quiere aplicar descuentos adicionales que, en el mejor de los casos, serían del 5%, y en el peor, por encima del 10%. Esto supondría una media de rebaja del precio de los activos inmobiliarios en los balances de las entidades de entre el 45% y el 50%.

La diferencia no es precisamente una minucia. Si Oliver Wyman calcula que la banca española necesita unos 60.000 millones de euros de capital adicional para hacer frente a un escenario económico severamente estresado (y con una probabilidad inferior al 1% de que se haga realidad), el traspaso de los activos del ladrillo desde los balances de las entidades al ‘banco malo’ reduce esos requerimientos a los 40.000 millones.

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