El Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI), que tiene como horizonte el año 2024 y que fue presentado la pasada semana por la titular del departamento, Ana Pastor, requiere de la financiación privada para su desarrollo, como han reconocido los máximos responsables del departamento. Es más: crece la aportación prevista desde el área privada respecto al anterior plan de infraestructuras en un 64%, según los planes del ministerio, y es imprescindible para el desarrollo de algunos proyectos.

Aunque esta vía de abordar la inversión cuente con años de experiencia y ha sido reclamada por Pastor como una de las bases de su política, las alianzas que requiere este plan no van a ser fáciles de cerrar, al menos en el próximo año, según fuentes del sector. Y el problema no es la inexistencia de inversores interesados en estas áreas, ya sean fondos de inversión, de pensiones  o compañías de seguros, o los fondos especializados en infraestructuras que han ido tomando posiciones en España en los últimos años. La cuestión es la falta de confianza en el modelo, por lo que reclaman para invertir a largo plazo un marco que les asegure rentabilidades en el transcurso de los años de los proyectos. Una petición que conlleva el reparto de los riesgos (como los del tráfico) y los relacionados con el coste de las expropiaciones. En algunos casos supondría conceder el aval del Estado al menos a la financiación.

Y las empresas españolas con capacidad para entrar en este proceso, que básicamente son las que cotizan en el Ibex, se mueven en líneas similares. Algunas están todavía inmersas en la crisis de las autopistas de peaje, con algunas en pre-concurso o en concurso de acreedores. No obstante, el sector está interesado en algunas áreas en las que estiman que España tiene todavía gran capacidad de recorrido: como es el transporte ferroviario de mercancias.

Con este panorama, fuentes del sector concluyen que la actividad de construcción y obra civil no ha tocado fondo, pese a la fuerte caída de su aportación al PIB en los últimos años o lo que muestran los datos de la filiación a la Seguridad Social, que indican que los afiliados han pasado desde los 1,92 millones de enero de 2003 a 723.000 en septiembre último. Y añaden que además el presupuesto del ministerio de 2013 sólo cuenta con fondos para el desarrollo de algunos de los planes ya licitados -no todos-, así como para el mantenimiento de las actuales infraestructuras. La liquidez desde el lado público para obras nuevas «es cero», subrayan.