Uno de los trabajos incluidos en el examen sobre la situación real de la banca española coordinado por Oliver Wyman y que ha terminado con unas necesidades de capital de 59.300 millones de euros (que con el traspaso de activos al ‘banco malo’ y otras medidas reducen la apelación a ayudas europeas a unos 40.000 millones), ha sido la revisión contable de la cartera crediticia y de los activos adjudicados o recibidos en pago de deudas impagadas.

Para esa revisión, se ha llevado a cabo “un análisis pormenorizado e individualizado, basado tanto en análisis censales como muestrales, de las carteras crediticias” de 14 grupos bancarios (Santander España, BBVA España, CaixaBank, KutxaBank, Sabadell,. Bankiinter, Unicaja España Duero, Libercaja, BMN, Popular, Banco de Valencia, Novagalicia Banco, CatalunyaBank y Bankia/BFA) por las cuatro mayores firmas auditoras en España (Deloitte, PwC, Ernst & Young y KPMG). “Los 14 grupos bancarios fueron asignados a cada una de las auditoras, sin que ninguna de ellas haya revisado entidades a las que haya auditado en los dos últimos ejercicios, con objeto de garantizar  su independencia”, matiza el trabajo de Oliver Wyman.

Lo que se pretendía es verificar la calidad de la información referida a la cartera crediticia y activos adjudicados, la correcta clasificación contable, la adecuada segmentación y la suficiencia de las provisiones constituidas. Mediante “revisiones masivas” de toda la cartera de préstamos y también de muestras más selectivas de operaciones, se ha comprobado el cuadre de los inventarios de inversión crediticia y activos adjudicados con contabilidad; la adecuada clasificación de la cartera en función de la situación del  cliente, el valor de las garantías y el sector; la verificación del cuadro de distribución de riesgo crediticio para revisar la correcta segmentación de las operaciones así como su situación contable y el tipo de garantía de los mismos, cubriendo todos los segmentos (promotores, construcción, grandes empresas, pymes, hipotecas particulares y otros riesgos de particulares).

También se ha efectuado una comprobación de las provisiones adicionales, calculadas por la entidad, exigidas por las dos últimas reformas financieras de Luis de Guindos (el real decreto-ley 2/2012, conocido como Guindos I, y el 18/2012, o Guindos II). Se ha realizado una evaluación del cálculo por tratamiento automático de la morosidad de las provisiones exigidas por la normativa contable, y un “análisis individual de una muestra de expedientes” para comprobar la cuantía de las provisiones contables registradas por la entidad al 31 de diciembre de 2011.

Revisión de más de 115.000 créditos

Esto supone una revisión muestral de más de 115.000 operaciones que corresponden a 14.000 deudores. La muestra media por entidad ha ascendido a 770 riesgos, que corresponde a unas 5.700 operaciones por entidad. El informe de Oliver Wyman subraya la utilización de muestras muy amplias  en los segmentos de mayor riesgo, con un alto nivel de cobertura (el 28% del crédito total en los segmentos de Construcción y Promoción Inmobiliaria, y el 27% en el segmento de Grandes Empresas). Y una selección de muestras aleatorias, especialmente para los segmentos “con mayor granularidad”:  pymes e hipotecas de particulares.

También se ha hecho una revisión de una amplia muestra de operaciones reestructuradas/refinanciadas, garantías y activos adjudicados. La ratio de cobertura muestral asciende a un 11% de la exposición crediticia en España de los 14 grupos bancarios.

El trabajo de las auditoras, que ha requerido la intervención de 400 personas durante tres meses, ha contado con el apoyo de The Boston Consulting Group, y finalizó el 15 de agosto.

Conclusiones positivas

Oliver Wyman señala en su informe que las bases de datos «préstamo a préstamo» de la cartera crediticia  de las entidades han sido revisadas y cuadradas satisfactoriamente con los libros contables y el cuadro de distribución  de riesgo crediticio. En cuanto a las reclasificaciones por segmento del cuadro de distribución de riesgo crediticio, en la revisión de la muestra se ha encontrado un “nivel bajo” de riesgos erróneamente incluidos en los segmentos de pymes y empresas que deberían haber estado en promoción y construcción inmobiliaria.

Los análisis llevados a cabo sobre  la cartera crediticia y activos adjudicados de las entidades, para evaluar el correcto dimensionamiento del nivel de provisiones, identificaron un déficit de provisiones de 1.031 millones de euros, que Oliver Wyman califica de “no material”, para el conjunto del sistema, que en su mayor parte se concentraba en la cartera de promotores. “Las entidades ya han tomado medidas para solventar las deficiencias técnicas advertidas”, precisa el informe.

La revisión del cálculo de las necesidades de provisiones exigidas por los reales decretos ley 2 y 18/2012, ha permitido verificar la exactitud de las cifras estimadas por las entidades para el conjunto de toda la cartera, advirtiendo de errores para el conjunto de las mismas por 1.321 millones (2,6% del total necesario). «Las entidades ya han tomado nota para registrar adecuadamente estas provisiones antes de la fecha final exigida por la regulación» (diciembre 2012, de 2013 en caso de combinación de negocios), precisa Oliver Wyman.

Las muestras seleccionadas han determinado una necesidad adicional de provisiones en el segmento promotor de unos 3.900 millones  de euros. Este importe quedará cubierto con las provisiones adicionales exigidas por los reales decreto-leyes (aproximadamente 52.000 millones). En el resto de segmentos, las provisiones adicionales sumaban unos 1.500 millones de euros, y corresponden fundamentalmente a la parte de empresas no seleccionada aleatoriamente. Una parte de estas dotaciones ya están registradas actualmente, como consecuencia de la mala evolución de los acreditados y el resto lo será antes de final de año. Esta cifra representa un porcentaje pequeño de la exposición inferior al 1%.

La muestra realizada puso de manifiesto niveles bajos de refinanciaciones no marcadas en los segmentos de pymes (3%) y clientes particulares (1%), y más altas en el sector promotor (21%).