El Gobierno se mostró este martes dispuesto a subir las pensiones un 3,5 por ciento el año próximo aunque eso suponga un gasto adicional que el Ejecutivo «no esperaba» y que podría rondar los 5.000 millones de euros, según las previsiones de los expertos.

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, afirmó hoy que el Ejecutivo cumplirá la ley general de la seguridad social, que le obliga a actualizar las prestaciones que abona el instituto de previsión social, conforme al ritmo de aumento del coste de la vida fijado por el IPC de noviembre.

Aun así, Burgos tildó de «precipitado» y «artificioso» el debate en torno al asunto de la actualización de las pensiones, mientras en fuentes próximas al Ejecutivo se señala el temor a que la oposición centre su campaña electoral en Galicia y el País Vasco sobre este asunto, que monopolizó hoy la rueda de prensa sobre empleo, afiliación y paro registrado, que subió en casi 80.000 personas el pasado mes de septiembre.

Sin embargo, pocos creen que el Ejecutivo se halla visto realmente sorprendido por un dato que, según señaló hoy el propio Burgos, «no  esperaba». Según estas voces, parece claro, por el contrario, que el Ejecutivo utilizará el coste disparado por la actualización automática como una baza de peso en la negociación que se llevará a cabo en el Pacto de Toledo para definir el llamado factor de sostenibilidad, el índice que modulará el futuro de las pensiones en función de la demografía y la evolución de la economía y cuya adopción ha exigido Bruselas.

En este sentido, el secretario de Estado defendió que está «plenamente acreditado» el recurso al Fondo de Reserva o ‘hucha de las pensiones’ desde el año 2010 si bien matizó que éste no es el único camino para pagar la revalorización que también podría cargarse a los Presupuestos, cuya llave controla Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda.

Volviendo al Pacto de Toledo, Burgos anunció que el Gobierno llevará «en pocos días» sus propuestas a la comisión parlamentaria en torno a la reforma de las condiciones para acceder a la jubilación parcial y a la anticipada.

En este sentido, fuentes del Gobierno negaron que España necesite otra reforma de las pensiones, y afirmaron que en las últimas previsiones de la Unión Europea (UE), que han corregido las anteriores, el gasto en pensiones no figura como un problema importante para el país en 2050, ya que esta suma se encuentra por debajo de la media de la región.

Así, el Gobierno llevará al Pacto de Toledo sus propuestas para endurecer la vía de acceso a la jubilación parcial, cuya configuración actual constituye «una gran losa para el sistema», precisó Burgos, quien explicó que la jubilación parcial se diseñó como una herramienta para incentivar la permanencia en el mercado laboral aunque ha terminado actuando en sentido contrario.

Los beneficiarios actuales de la jubilación parcial son personas que ya han logrado las máximas prestaciones y que no tienen incentivos para permanecer activos en el mercado laboral, detalló Burgos.

El máximo responsable de la Seguridad Social insistió en que el Ejecutivo llevará en muy pocos días o semanas sus planes de reforma de la jubilación anticipada y parcial, aunque la decisión final tendrá que ver con el «consenso que sea capaz de construir» la comisión parlamentaria encargada de realizar un seguimiento del funcionamiento de las prestaciones del instituto de previsión social, donde están presentes todas las fuerzas políticas.

Burgos defendió además la labor del Gobierno para hacer sostenible las cuentas de la Seguridad Social, entre cuyas medidas el secretario de Estado destacó la llamada separación de fuentes, completada por el actual Ejecutivo, y que supondrá que el instituto deje de financiar prestaciones impropias, como ha sido la norma hasta ahora.

Además, destacó también la adecuación de las bases de cotización como otro de los puntales para sostener la viabilidad financiera hoy cuestionada por la crisis y la caída del empleo, su principal fuente de financiación.

Según fuentes del Ministerio de Empleo, el recurso al fondo de reserva está «plenamente acreditado» desde 2010, en contra de las críticas por parte del PSOE. Según estas fuentes, el gobierno socialista utilizó también el fondo de reserva durante la pasada legislatura cuando, por dos veces, eludió su obligación de dotar el fondo con los excedentes de cotización pagados por las empresas. «Ahora esos excedentes han desaparecido», lamentaron.