El secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, rechazó este viernes la posibilidad de revisar la previsión del Gobierno de que el PIB caerá un 0,5% el próximo año porque se trata de un objetivo «que sigue siendo alcanzable», y aseguró que, aunque el retroceso económico duplicara la previsión, aún se cumpliría el objetivo de déficit para el año próximo, del 4,5%.

Así lo aseguró durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso, donde recordó la «alta dispersión» de las previsiones económicas realizadas por diferentes instituciones y organismos, que van desde el -0,3% de la UE hasta el -3,3% de Citigroup.

«Existe una elevada incertidumbre y, con tal nivel de dispersión, entendemos que no procede cambiar la previsión. Falta mucha información. De momento, la economía española está mostrando buenos síntomas de resistencia. Entendemos, por tanto, que es pronto para hacer algún cambio y que la previsión de -0,5% sigue siendo alcanzable en este contexto», ha insistido.

De hecho, recordó que la evolución que se verifique durante el último trimestre de este ejercicio será «importante» y condicionará fuertemente lo que pase el próximo año, y apuntó que aunque los ingresos en la primera parte del año hayan sido «sensiblemente peor» que los previstos, las medidas adoptadas desde julio «incidirán» en los próximos meses.

«Por eso el cumplimiento de los objetivos de déficit de este año está dentro de lo previsible», añadió, haciendo hincapié en que «en principio nada hace pensar que no se vaya a cumplir», aunque es necesario que «también las comunidades autónomas tienen que ir haciendo sus deberes». «Todo tiene riesgos, pero pensamos que estamos dentro de alcanzar el objetivo de este año», reiteró.

Plan de Pago a proveedores

Por otra parte, el presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Román Escolano, afirmó durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso que el plan de pago a proveedores municipales puesto en marcha por el Gobierno a principios de año aportará un punto de crecimiento al Producto Interior Bruto (PIB) hasta la primavera del año que viene.

Según Escolano, esta «importante» iniciativa tiene un efecto macroeconómico estimado de «aproximadamente un punto durante los doce meses siguientes a su puesta en marcha», es decir, hasta mayo-junio de 2013, una «cantidad relevante» teniendo en cuenta que las previsiones recogidas en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado apuntan a una retracción económica del 0,5% del PIB.

Con este plan se pagaron 5,5 millones de facturas impagadas hasta el 31 de diciembre de 2011, lo que benefició a unas 140.000 empresas proveedoras de servicios a catorce comunidades autónomas y 3.800 entidades locales.

El 99% de las compañías beneficiarias eran pymes, con lo que dos tercios de los 27.000 millones que se asignaron a este programa repercutieron en pequeñas y medianas empresas. «Ha sido una de las operaciones con mayor impacto financiero y empresarial de la historia del país», ha asegurado Escolano, subrayando que esa inyección se trasladó directamente a la economía real, lo que ha permitido un desapalancamiento equivalente a dos puntos y medio del PIB en los balances empresariales.

De hecho, afirmó podría haber sido incluso el «préstamo sindicado más importante de Europa de este año y quizá de toda la Historia», además de un «ejemplo loable de colaboración entre el sector público y el privado, y diferentes ministerios y administraciones» que se ha puesto en funcionamiento en «un tiempo absolutamente récord».