Así lo aseguró la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría,  en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. «Hemos recibido un país con un 9% de déficit y todas las administraciones públicas están haciendo esfuerzos para cumplir y ajustarse a los compromisos europeos. Este Gobierno tomará sus decisiones teniendo muy presente estos compromisos», dijo.

Sáenz de Santamaría respondía así al ser preguntada si la revalorización de las pensiones podría poner en peligro el objetivo de déficit de este año, tal y como ha advertido el gobernador del Banco de España, Luis María Linde.

La vicepresidenta, a la que se le ha preguntado hasta tres veces por esta cuestión, respondió con varias ideas: que el Gobierno «estará a la legislación vigente en este momento», que cuando toque tomar una decisión se tendrá muy en cuenta el objetivo de déficit, y que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya ha dicho que las pensiones sería «lo último que tocaría».

La legislación actual obliga a dar una compensación a los pensionistas si la inflación interanual de noviembre es superior a lo que subió la pensión ese mismo año. En 2012, las pensiones aumentaron un 1%, pero la inflación interanual de septiembre ya va por el 3,5%, es decir, 2,5 puntos por encima del objetivo.

Cada décima de desviación sobre el objetivo inicial del 1% cuesta a las arcas de la Seguridad Social unos 100 millones de euros, más una cantidad similar para su consolidación en la nómina de los pensionistas.

Con el dato de inflación de septiembre -que no es el que se usa como referencia-, el coste de la desviación rondaría los 5.000 millones de euros, pero habrá que esperar a noviembre para conocer a cuánto ascendería dicha paga compensatoria.