Varios sectores industriales están actuando en diversos ámbitos para lograr un cambio sustantivo en el proyecto de ley del sistema eléctrico aprobado por el Gobierno en septiembre. Las empresas que se sienten afectadas, que operan en diversas áreas -desde la construcción, papel, energía a  la siderometalurgia-, advierten que si la normativa no es modificada de forma significativa cientos de firmas perderán competitividad. O, en otras palabras, afirman que la ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética puede llevarse por delante compañías y puestos de trabajo. Y que puede tener asimismo un efecto de deslocalización en el caso de multinacionales.

Para Carlos Reinoso, director general de Aspapel, la industria se enfrenta a tres derivadas de esa norma que serían muy negativas. «Está, por un lado, el efecto de los nuevos impuestos en el los precios del pool, mercado mayorista de electricidad». Ese impacto al alza se percibe ya en el mercado de futuros, con el kilovatio para enero en tres euros, añade.

El segundo aspecto es el relacionado con la subida del precio del gas por el llamado céntimo verde, mientras que el tercer factor es el aumento de las tasas a la cogeneración, que es utilizada por las empresas para reducir sus costes energéticos. Reinoso manifiesta que el grado de afección es diferente en función del perfil energético de las empresas, pero puntualiza que para las que forman parte de varios sectores el nivel de riesgo es muy preocupante.

En este contexto, varias asociaciones empresariales han tomado iniciativas para que el trámite parlamentario del proyecto se traduzca en una revisión del texto inicial. Con este objetivo se están moviendo para lograr el apoyo de los grupos parlamentarios del Congreso, lógicamente también del PP, para configurar «un sector eléctrico al servicio de la industria y de los consumidores». Una de las reclamaciones clave es que los sectores industriales cuenten en España con un marco energético similar al de los países del entorno, en temas como la naturaleza de los contratos bilaterales. Y que, por ejemplo, los costes, que para el sistema suponen las energías renovables con tecnologías más caras, no afecten a la industria.

De los contrario , el director de Aspapel pronostica un escenario en el que la industria seguirá perdiendo peso en la aportación al PIB español. «Es un factor determinante y uno de los pocos en el que Gobierno español u otros  de la  UE pueden controlar para mejorar la competitividad de las empresas», concluye.