Las compañías siderúrgicas ubicadas en España se han unido ya oficialmente a la reacción de otras industrias contra las medidas contenidas en el proyecto de ley eléctrica. Unesid, la patronal de este sector, realiza una crítica sin paliativos a gran parte del contenido de la normativa por los efectos que puede tener, si se mantiene la actual redacción, en la competitividad de sus empresas. Señala que la ley supondrá, si no cambia, un incremento de la factura eléctrica del 15%. Al lo que habría que sumar «otros sobrecostes energéticos, que se añaden al aumento del 60% desde 2008», destaca.

Uno de los efectos de esa eventual pérdida de competitividad se traduciría en menos exportaciones, siendo este factor casi el único de la economía española que mantiene una evolución positiva. Unesid indica que la siderurgia contribuye con la venta en el exterior del 55% de su producción. El saldo comercial del acero fue positivo para España en 1.428 millones de euros en 2011 y se exportaron casi 10 millones de toneladas de productos siderúrgicos con un valor de más de 8.325 millones de euros

Como otras compañías, el sector del acero estima que el proyecto de ley se limita a medidas fiscales y tributarias «que ahondará el ya existente diferencial de precios entre España y los principales competidores europeos». Los siderúrgicos puntualizan además que la modificación del impuesto de hidrocarburos, con la imposición del céntimo verde, tendrá un efecto doblemente negativo, ya que implicará un aumento de más del 8,5% del precio del gas para las plantas de cogeneración y un sobrecoste en la energía eléctrica, ya que las centrales de ciclo combinado lo trasladarán al precio final.

Unesid se queja, asimismo, del impacto del nuevo impuesto del 6% a la generación para el consumidor industrial, que, en su opinión, está «inerme ante una posición dominante de mercado en materia de contratos bilaterales, que seguirá sufragando decisiones políticas ajenas al coste efectivo de los accesos a la red y transporte de energía eléctrica», agrega.

Y esta demoledora reacción se puntualiza que el aumento de los costes afectaría al empleo y las numerosas empresas que son proveedores de la siderurgia. «Este sobrecoste arbitrario hace que resulten inútiles los dolorosos y duros ajustes que el sector se ha visto obligado a realizar desde hace tres años -intensificados en los últimos meses-, para adaptarse a la casi inexistente demanda nacional, que obliga a intensificar el esfuerzo en una mayor competitividad internacional, con la exportación como única posibilidad para mantener la actividad», concluye.