El Gobierno y la oposición socialista certificaron hoy el fracaso del Pacto de Toledo, la comisión parlamentaria creada en 1995 a fin de evitar que las pensiones se conviertan en un arma electoral. En un debate en el Congreso, socialistas y populares cruzaron acusaciones en torno a la utilización partidista de estas rentas, cuyo futuro inmediato el Ejecutivo se resiste a aclarar.

Las pensiones volvieron hoy a servir de munición electoral en manos de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y la diputada socialista, Magdalena Valerio. En la sesión de control al Gobierno, Báñez y Valerio se enzarzaron en un rifirrafe a cuenta de la revalorización de las pensiones, un asunto reservado en principio a la comisión del Pacto de Toledo, que desde 1995, debería encargarse de evitar estas disputas.

La diputada socialista acusó al Gobierno de Rajoy de ocultar qué hara con las pensiones a partir de enero, a fin de evitar una fuga de votos en las elecciones gallegas y vascas del 21 de octubre. Por su parte, la ministra Báñez volvió a rechazar esas acusaciones, aunque eludió clarificar si el Ejecutivo cumplirá la ley y compensará en enero la pérdida de poder adquitivo de los pensionistas durante 2012.

“Es el momento de acabar con las dudas. ¿O van a esperar a que pasen las elecciones vascas, gallegas y catalanas?”, le espetó a Báñez la diputada socialista. La ministra, por su parte, rehusó contestar, si bien aseguró que el Ejecutivo no se plantea acelerar el retraso a los 67 años de la edad de jubilación, una medida surgida de la última reforma en 2011, cuya entrada en vigor se prevé de forma progresiva hasta 2027.

El Gobierno ‘popular’ ve así confirmadas sus sospechas de que los socialistas centrarán su campaña precisamente en el asunto de la revalorización de las pensiones. Los ‘populares’ han dado muestras de su interés por cambiar el mecanismo de revalorización de las pensiones, que hasta ahora solo tiene en cuenta el IPC.

El Ejecutivo podría llevar estos cambios al Pacto de Toledo en unos días. En este sentido, la comisión tiene previsto iniciar el debate para definir el llamado factor de sostenibilidad, un mecanismo que regulará la evolución de las pensiones en función de otras variables, además de los precios, como la demografía y la marcha de la economía, según lo pactado con Bruselas.

Aunque tienen mayoría, se da por hecho que los ‘populares’ buscarán el consenso con otros grupos políticos para definir el llamado factor de sostenibilidad. En este sentido, la negociación se topará con la convocatoria electoral en Cataluña, prevista para el 25 de noviembre. Las elecciones catalanas condicionarán a buen seguro el voto, tanto de los socialistas como de los nacionalistas de CiU. De ahí, según algunos, el interés del Gobierno en aplazar el debate sobre la actualización de las pensiones, hasta conocer la inflación de noviembre, que se conocerá a finales de ese mes.