Si las eléctricas, incluso las empresas renovables que no han sido la peor paradas, se mostraron en contra del proyecto de medidas fiscales para el sector energético tras ser aprobado por el Gobierno el 15 de septiembre, la reacción de gran parte de la industria es más demoledora. Grandes y medianas empresas que forman parte de las patronales de la siderurgia, química, cemento, alimentación, textil, papel y cogeneración, entre otros sectores, han lanzado al Ejecutivo una advertencia más que preocupante: el aumento de los costes energéticos que conlleva la entrada en vigor de la nueva normativa, prevista para el 1 de enero, supondrá el cierre de factorías, la deslocalización de industrias y la reducción de las exportaciones. Y, como consecuencia, la destrucción de empleo en compañías que suman 250.000 millones de euros de facturación y que, directa e indirectamente, cuentan con cuatro millones de empleados.

Con este panorama, las asociaciones empresariales que se sienten afectadas se han puesto en contacto con los diversos grupos parlamentarios, tanto de la oposición como necesariamente del PP, para lograr una modificación sustancial del texto. En está línea, y más dado el efecto en compañías como Arcelor, Tubos Reunidos o CAF, las conversaciones se están produciendo con el PNV, y también con CiU, con el sector químico unido a este frente en contra del proyecto realizado por el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, y el ministro de Industria, Juan Manuel Soria. En la lista actual de compañías implicadas en ese objetivo están, asimismo, Acerinox, Thyssen, Basf, Ercros, Ence o Dupont, y asociaciones como Farmaindustria.

El periodo de enmiendas, ampliado hasta el 19 de octubre a propuesta del grupo socialista, puede permitir dar un giro a la norma, señalan fuentes de estas patronales. Uno de las aspectos que más preocupa es el denominado céntimo verde que se aplica al consumo de gas, tanto industrial como para generación de kilovatios. Es un tema en el que coinciden con parte del sector eléctrico, por más que desde esta plataforma se estime que las eléctricas mantienen una posición de privilegio.

En un informe elaborado en el ámbito del sector eléctrico se señala, por ejemplo, que el impuesto al gas puede traducirse en el cierre de empresas, especialmente en la industria. Como ejemplo se señala que el aumento de los costes para las empresas azulejeras se «comería» sus beneficios. Y que con el cierre de centrales de cogeneración se pondrían en peligro unos 65.000 empleos. Se alerta además del impacto en la inflación y en la competitividad y que el contenido va en contra de las directivas comunitarias. Y es que las compañías que forman parte de Unesa están preocupadas por el efecto de la ley en sus clientes.

La idea de las grandes empresas industriales es que el Ejecutivo no ha calculado o no ha tenido en cuenta el aumento de los costes, y su repercusión en la competitividad. La industria concluye que los  incrementaría en 1.500 millones de euros anuales, un incremento que“cercena cualquier posibilidad de competir en los mercados”. Industria se ampara en la necesidad de acabar con el déficit tarifario que asciende a 24.000 millones de euros.

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