Así lo ha señalado Latorre en la rueda de prensa del IPC, donde ha reconocido que la noticia les ha sorprendido y ha explicado que la rebaja se debe a los procesos de decisión a nivel europeo, como la capitalización directa, y a la percepción de S&P del conflicto social que existe con las comunidades autónomas.
Según Latorre, los procesos en marcha en Europa no deberían tener una incidencia «apreciable» en la nota de España porque no son cuestiones cerradas y porque la ayuda a la banca de unos 40.000 millones, que supondrá un incremento de cuatro puntos de PIB en la deuda pública, es «perfectamente digerible».
La otra parte, según el secretario de Estado, se debe a la percepción del conflicto que mantiene el Estado con las comunidades algo que, a su parecer, no va a incidir en la voluntad del Gobierno de continuar con las reformas estructurales y el proceso de consolidación fiscal.
En este sentido, ha recordado que todos los instrumentos de control y seguimiento tanto del Estado como de las comunidades están «en marcha» y que el proceso de consolidación «va por buen camino». «Y efectivamente la voluntad del Gobierno de continuar con las reformas y saneando los desequilibrios es absoluta», ha añadido.
En concreto, ha reconocido que la situación entre el Estado y Cataluña ha podido influir en la decisión de S&P, ya que las tensiones con las comunidades crean cierta «incidencia desfavorable» en el proceso de reformas. «Pero no estamos de acuerdo», ha dicho.
En cualquier caso, Latorre ha confiado en que cuando se confirme que los mecanismos europeos funcionan adecuadamente y que los compromisos de consolidación de todas las administraciones públicas se cumplen se pueda reconsiderar la calidad de la deuda pública española.
Preguntado por si el Gobierno espera que otras agencias de calificación sigan el camino de S&P, Latorre ha reconocido que todo lo que pasa con la nota de España «preocupa» al Gobierno, aunque ha dicho que no hay nada sobre la mesa sobre la posibilidad de que Moody’s rebaje la calificación a bono basura.
No se corresponde con la percepción de los mercados
Por su parte, la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que el informe de la agencia de calificación Standard & Poor’s en el que rebaja la calificación española a BBB- no se corresponde con la actual percepción de los mercados.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría dijo que el resultado que arroja el informe no coincide con el tratamiento que dan los mercados a la deuda española en este momento, ni con el nivel de financiación del país.
Además, recordó que algunos de estos informes no tienen en cuenta los esfuerzos que hace el Gobierno en materia de reformas estructurales y algunos cambios que benefician a la consolidación fiscal, como las medidas sobre ingresos y gastos aprobadas en julio.
De hecho, la vicepresidenta recordó que el Ejecutivo ha puesto en marcha iniciativas «de calado» para poder crecer y crear empleo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha considerado «muy valientes».
«Agradecemos el reconocimiento del FMI», dijo Sáenz de Santamaría, tras asegurar que España seguirá haciendo estas reformas y cumpliendo el calendario, tal y como está haciendo hasta ahora. «No vamos a cambiar nuestras políticas», ha garantizado.
Además, señaló que casi todas las iniciativas del Gobierno han sido redistributivas, ya que subió el IRPF de manera «muy muy progresiva», limitó los sueldos de los presidentes de bancos que habían recibido ayudas y fijó un techo de salario para los directivos de empresas públicas, entre otras cosas.
Sobre las dificultades que supone para el déficit las tensiones entre Estado y comunidades autónomas a las que se refiere S&P, Sáenz de Santamaría ha dicho que el Ejecutivo trabaja siempre para buscar el «máximo acuerdo» entre Gobierno y comunidades autónomas.
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