La Comunidad de Madrid ha presentado un proyecto de modificación de la Ley de Cajas autonómica con el que busca limitar al 40% la presencia pública en la entidad, dando más importancia a los impositores, y con la que pretende evitar que los consejeros de la caja sean cargos políticos electos o cargos de la Administración, según ha explicado el consejero de Economía de la comunidad madrileña, Antonio Beteta.

El Gobierno regional que preside Esperanza Aguirre pretende, de esta forma, la «despolitización absoluta de la gestión financiera» y «la libertad de actuación en el mercado» algo que, según ha concretado Beteta,  es «sustancial» en momentos de crisis como el actual. También se pretende «garantizar la independencia» de la caja.

El consejero ha indicado que uno de los puntos fuertes de la reforma es el «limitar al 40% la presencia pública, ganando peso los impositores» en la caja. Además, se disminuirá el poder de las corporaciones municipales en un 1,5%. Junto a ello, se establece que los consejeros generales del sector de entidades representativas se distribuirán por comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía en las que la caja tenga abiertas oficinas «en proporción a la cifra de depósitos captados por cada caja en cada una de ellas», precisan desde el Gobierno regional.

La nueva norma, según Beteta, «recoge la integración en el Sistema Institucional de Protección (SIP) en el ejercicio indirecto de la actividad financiera y la conversión en la Fundación».

La futura reforma deja, asimismo, claro que los consejeros de la Caja no van a poder ser cargos políticos electos ni cargos de la Administración y, además, al menos la mitad de los vocales del consejo de administración y la totalidad de los miembros de la comisión de control deberán acreditar conocimientos y experiencia en el sector. En este sentido, se suprime el representante autonómico en la comisión de control de las cajas de ahorros.

Incompatibilidad en las retribuciones

Otro aspecto que ha destacado Beteta se refiere al régimen de retribuciones de la presidencia ejecutiva y de la dirección general que, según ha asegurado, «se endure» al establecerse que «no podrán tener otras actividades remuneradas». Con ello, se hace incompatible percibir al mismo tiempo retribuciones del SIP y de las diferentes cajas.

Además, la futura regulación también fija en 12 años el mandato máximo de los miembros de los órganos de gobierno. El borrador concreta que «los (cargos) que se renueven con posterioridad a la publicación del Real Decreto Ley estatal no pueden superar dicho límite salvo que se produzca un proceso de integración o fusión, en cuyo caso se permitiría superarlo hasta agotar el mandato».

Esta reforma será enviada al Consejo Económico y Social (CES) para que emita el informe preceptivo. Beteta ha asegurado que todas las modificaciones se adaptan a la normativa estatal e incluyen aspectos tan importantes como favorecer la capitalización de las cajas y profesionalizar sus órganos de gobierno.

De esta forma se pretenten regular las cuotas participativas, a finde que «además de los derechos económicos que ya se le reconocían, se le reconozcan los derechos políticos que corresponden en forma paralela a la de los accionistas en la sociedades de capital».

Para conseguirlo, el Gobierno regional pretende incluir «todos los artículos necesarios» que sirvan para garantizar el derecho de los cuotapartícipes (nuevos accionistas privados), entre los que destacan el derecho a voto, participación, estatuto jurídico, información de los órganos de Gobierno e impugnación, entre otros, «que pueden delegarse en el consejo de Administración». También se incluirá el Sistema Institucional de Protección (SIP), que ya estaba sujeto a autorización en la Ley vigente, y se regulará el ejercicio directo de la actividad de la Caja a través de una entidad bancaria.

Otro de los aspectos que también serán reformados hace referencia a la transformación de la Caja en Fundación. En este ámbito será la comunidad autónoma la que autorice cuatas modificaciones estructurales se produzcan, para lo cual se adaptará la normativa de registro de cajas de ahorros, la Obra Osicla y los órganos de gobierno.

La obra social, bajo el protectorado de la comunidad

Precisamente sobre la labor de la obra social de las Cajas, el proyecto de reforma deja claro que esta labor ejercida a través de la fundación quedará «directamente sujeta al protectorado de la comunidad autónoma», aunque los cambios legales que ello supone no obligarán a adelantar los procesos electorales con el fin de no perjudicar la puesta en marcha del SIP recién constituido.

No obstante, la futura normativa prevé que la cajas puedan seguir desarrollando su labor de obra social y establece que, independientemente de las modificaciones que puedan sufrir, las entidades resultantes tienen que continuar con la misma. Y para garantizar su complimiento «se refuerzan las funciones de la Comisión de Obra Social, que contará con un representante de la Comunidad de Madrid, y se la vincula a la Asamblea General de la caja. Asimismo, la Ley regula que el presupuesto de las fundaciones que las cajas pueden crear para desarrollar obras sociales debe ser autorizado por la Comunidad de Madrid y supervisado por la Asamblea General», subraya el Gobierno madrileño.

Beteta ha explicado en rueda de prensa que la Ley prevé que todas las actuaciones que tienen que ver con el dividendo que se reciba de la Obra Social «sean objeto de decisión política por parte de la Comunidad de Madrid». Así, se creará una comisión específica denominada de Obra Social en la que habrá un representante autonómico.

A través de la futura comisión, se podrán aprobar las directrices generales «que tienen que llevar a cabo no sólo la Obra Social fruto de la caja que tiene su domicilio social en la Comunidad de Madrid, sino también a aquellas cantidades que otras cajas vayan a tener que invertir en la Comunidad de Madrid». «A partir de ahora tendrán que ser bajo los criterios inspiradores que diga el Gobierno de la Comunidad de Madrid», concreta la futura reforma.