La historia se repite. En el año 1899, la demanda de un concierto económico para Cataluña en unos momentos en que el Gobierno del Estado no cumplió sus compromisos y decepcionó las expectativas de los empresarios catalanes, la patronal Fomento del Trabajo lideró una protesta en forma de huelga fiscal que ha pasado a la historia como “tancament de caixes” (cierre de cajas), refiriéndose a las cajas registradoras de comercios y negocios. Hace 113 años, la insumisión finalizó cuando las autoridades detuvieron a los insumisos por delito fiscal.

Ahora encabeza en Cataluña la nueva insumisión fiscal el pequeño municipio del Vallès Oriental, Gallifa, de sólo 204 habitantes, al transferir a la Generalitat 1.662 euros correspondientes al último trimestre del IRPF de las nóminas que tramita, mientras el presidente de la Generalitat, Artur Mas, organiza una Hacienda catalana a partir de los servicios de recaudación de impuestos de las diputaciones provinciales, las cuatro en la órbita de CiU.

En declaraciones a los medios desde el Parlamento catalán, el alcalde de Gallifa, Jordi Fornes, del partido Solidaridad por la Independencia (SI), ha explicado que la decisión de dejar de pagar a la Agencia Tributaria Española los impuestos del personal municipal es un «acto soberanía» para desmarcarse de España y que sea Cataluña quien gestione sus propios recursos.

El munícipe ha precisado que la insumisión es una «consecuencia» de que el municipio aprobara días atrás una moción en el que se declaraba territorio libre y soberano, un texto que han impulsado decenas de municipios de Cataluña. El alcalde ha admitido que desconoce si el gesto del municipio le acarreará consecuencias: «No sabemos demasiado bien lo que puede pasar ahora porque no hay jurisprudencia sobre este tema. Es entrar en terreno desconocido».

En su argumentación, Fornes ha estado flanqueado por el diputado de SI en el Parlamento catalán Uriel Bertran, que ha recalcado que es «la primera institución catalana que se declara insumisa fiscal», ya que hasta ahora solo lo han hecho algunos ciudadanos a título individual y un reducido número de empresarios.

Bertran ha exigido al gobierno catalán que no transfiera el último trimestre del IRPF que recibe de Gallifa al Estado y que impulse que el ejemplo de este Ayuntamiento sea seguido por el resto de localidades de Cataluña, las diputaciones y la propia Generalitat. Los independentistas exigen que estos recursos se inviertan en las «carencias» que tiene ahora Cataluña y en sectores como la educación, la sanidad, las farmacias, que han convocado para el próximo 25 de octubre un cierre patronal por no cobrar del gobierno catalán; o las entidades del sector concertado que no están cobrando a tiempo.

El diputado Bertran ha argumentado que la insumisión es una salida ante el «expolio de 16.000 millones de euros anuales» que Cataluña padece a manos de España, y ante los pagos que el Estado adeuda a la Generalitat. La cantidad pagada por Gallifa a la agencia catalana es de 1.662 euros, y ahora el Ayuntamiento estudiará si puede añadir otros pagos, como la cotizaciones de la Seguridad Social, para que también vayan directas a las arcas catalanas sin pasar por la Agencia Tributaria Española.