Los movimientos de las empresas eléctricas integradas, por un lado, los de las energías renovables -con sus diferentes asociaciones (eólica, solar…) y los consumidores industriales, por otra parte, que están encaminados a influir en los trámites de la ley eléctrica han dado algún resultado. Por segunda vez se amplia el periodo para introducir enmiendas al proyecto del ley, que, al menos por el momento, concluirá el 23 de octubre.

Y es que el proceso de tramitación está siendo muy complejo. El texto de la ley, al que todos califican de meramente recaudatorio, ha sido criticado por todos los afectados, desde las compañías, la patronales, los operadores a las asociaciones de consumidores, que alertan estos últimos que el recibo eléctrico va a dispararse.  Y unos con más fuerza que otros, pero todos intentan que los diversos grupos parlamentarios tengan en cuenta sus reclamaciones. Los encuentros se están produciendo con todos los partidos (PSOE, PNV, CiU…), aunque el más solicitado es el del PP, ya que tiene la clave para introducir enmiendas con posibilidades de salir adelante.

Algunas de las peticiones de las empresas energéticas pasan por, si ya no eliminar la tasa del 6% impuesta a la generación, que ésta se reduzca y tenga además un horizonte de vigencia muy concreto. Otro cambio solicitado, y en él coinciden con los industriales, es la retirada del llamado céntimo verde que va encarecer el gas para todo tipo de consumo.

El llamamiento a cambiar el texto actual más demoledor ha procedido de las asociaciones que agrupan a diversas empresas industriales y manufactureras. Una posible aplicación del proyecto, tal y como está, supondría, en su opinión, una reducción de la competitividad y, por tanto, cierre de factorías y pérdida de empleo. La industria se ve además afectada por una medida que podría tener un efecto de división interna: el ministerio rescatará la posibilidad de acogerse a la interrumpibilidad del suministro (que permite reducir la factura eléctrica), pero sólo para tres grandes empresas, Alcoa, Arcelor y Asturiana de Zinc. Los responsables del grupo de aluminio han transmitido a los sindicatos que, con esa medida, seguirán adelante con sus actuales proyectos. Con anterioridad, habían advertido de cierres y deslocalizaciones.

Este viernes, diecisiete patronales han vuelto a la carga y señalan que la reforma energética planteada por el Gobierno supondrá el traslado al tejido productivo un incremento de sus costes que son inasumibles. Los firmantes subrayan que mantienen la esperanza de reducir el “terrible impacto” que la iniciativa legislativa que provocará en el sector por el “efecto conjunto de la subida del mercado mayorista de la electricidad, el nuevo impuesto a la cogeneración y el céntimo verde al gas industrial”.