Flavia Rodríguez-Ponga, directora general de Seguros y Fondos de Pensiones, no desaprovecha nunca las comparecencias en jornadas para lanzar mensajes a diestro y siniestro. Durante la ya clásica jornada de AXA, este año dedicada a “Los retos del sistema de pensiones y previsión social en el marco de la UE”, reconoce que su departamento está preocupado por la vulnerabilidad de los planes de pensiones ante una crisis que ya va para su sexto año. Especialmente, la volatilidad que tienen los derechos de los partícipes y su escasa rentabilidad. Una respuesta a esa preocupación es que el partícipe pueda recuperar el dinero invertido en el plan de pensiones si se encuentra ante el embargo de su vivienda.

La directora general de Seguros insiste en la necesidad de mejorar la información que recibe el partícipe, tanto en los planes individuales como en la previsión social complementaria que facilitan las empresas. Precisamente, Seguros espera poder presentar a mediados de 2013 la reforma del Reglamento de Pensiones, con modificaciones sustanciales en la información que se da a los partícipes, en la función de comercialización de los productos, y en los trámites y procedimientos administrativos para simplificarlos y agilizarlos.

Seguros también está elaborando un estudio, que debe presentar al Ministerio de Economía antes de que finalice el primer semestre del próximo año, para el fomento de la Previsión Social Complementaria. Flavia Rodríguez-Ponga reclama que se impliquen en esta labor todas las partes interesadas.

Este llamamiento fue interpretado por los asistentes a la jornada de AXA como una respuesta indirecta a una petición de Pilar González de Frutos, presidenta de Unespa y directora general de Seguros y Fondos de Pensiones en el anterior Gobierno del PP. Ésta, otra que no da puntadas sin hilo, aprovechó su intervención para instar al Gobierno a abrir un debate sobre cómo se garantizará un sistema de pensiones sostenible a largo plazo. «La mejor noticia sería que el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, convocase una conferencia en la que todas las partes pudieran aportar su visión”, señala, mientras enfatiza que “ahora es el mejor momento” para poner sobre la mesa esta cuestión.

Unespa reclama más transparencia, que el ciudadano sepa de antemano qué recibirá de pensión cuando se jubile. Pilar González de Frutos destaca que en la inmensa mayoría de países no se fija una edad mínima para recibir la información sobre la pensión. También exige un cálculo “creíble” de la sostenibilidad demográfica y financiera, y un sistema automático de reequilibrio para ajustar los parámetros del sistema de pensiones.

Para estimular el ahorro para la jubilación, la asociación empresarial del seguro considera necesarios beneficios fiscales, y la revisión de los topes de aportaciones máximos. Pilar González de Frutos subraya que los actuales límites fiscales dejan a un 13% de la población, 2,3 millones de personas, en riesgo de encontrarse con que su pensión no representa ni un 40% del último salario que tenga cuando se jubile.

Reforma “más intensa” y medidas de “estímulo”, no sólo fiscales, reclama Mariano Rabadán, presidente de Inverco, que se suma a la presión para que se eleven los límites de aportación a los planes de pensiones. Rabadán, otro clásico, pide que se vuelvan a implantar todas las medidas que se suprimieron en la reforma fiscal de 2006, como la deducción a las empresas del 10% de las aportaciones a planes de pensiones.

Factor de estabilidad

La diputada del PSOE Isabel López i Chamosa y el de CiU Carles Campuzano coinciden en que la estabilidad social existente en España pese a la crisis se debe a que existe el sistema público de pensiones. La primera asegura que el 40,5 % de los abuelos garantizan que sus familiares puedan llegar a final de mes y que sus pensiones están manteniendo a muchas familias con padres en el paro. Barre para casa al recordar que en 2011 el Gobierno del PSOE fue «capaz» de acordar con los agentes sociales la reforma de las pensiones, algunos de cuyos aspectos entrarán en vigor el 1 de enero de 2013

Campuzano aplaude que el Gobierno del PP haya tomado la «valiente» decisión de financiar por primera vez el complemento para las pensiones mínimas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado en lugar de con las cotizaciones sociales, porque así la Seguridad Social tendrá «mayor margen de maniobra».

Por su parte, la diputada del PP Carolina España ha reiterado que la intención del Gobierno es cumplir la ley que obliga a revalorizar las pensiones por la desviación de la inflación. Según establece la ley, la revalorización de las pensiones se hace con arreglo a la inflación y se calcula con el IPC de noviembre. Y la intención del Gobierno de Rajoy es cumplir la ley, insiste Carolina España, que también barre para casa cuando recuerda que el PSOE congeló las pensiones en un entorno económico “mejor que el actual”. En cambio, el PP ha aprobado una subida del 1 % para las pensiones, un esfuerzo «titánico» teniendo en cuenta la situación económica.

El diputado de Izquierda Plural Joan Coscubiela reconoce que la revalorización de las pensiones supondrá entre unos 4.000 millones de euros y 5.000 millones para las cuentas públicas, pero «no se puede deteriorar aún más la situación económica de los ciudadanos«. El diputado de Nueva Canaria Pedro Quevedo, discrepa de la presidenta de Unespa y cree que ahora «no es el mejor momento para debatir el futuro del sistema de las pensiones, no es el momento de tomar decisiones que puedan comprometer el derecho a recibir una pensión justa”.

Congelación por segundo año

Asunción Bouzá, experta en Previsión Social Complementaria del bufete Cuatrecasas, recuerda que los Presupuestos de 2013 mantendrán congeladas por segundo año consecutivo las aportaciones a todos los planes privados de pensiones y al resto de seguros de todos los empleados públicos. Esta medida, que se impuso en el primer decreto de recortes del Gobierno del PP de diciembre de 2011, se volvió a recoger en los presupuestos de este año y ahora está de nuevo incluida en las cuentas que tramita el Congreso para 2013. Y llama la atención sobre el futuro incumplimiento de las pólizas de pensiones de modalidad de prestación definida (aquellas donde inicialmente se contratan unas aportaciones definidas para recibir una prestación concreta garantizada), porque «si no se aportó en 2012, y probablemente no se aporte en 2013, las gestoras tendrán que incumplir estas pólizas«.