Bruselas sostiene que se dan todas las «condiciones jurídicas» para lanzar esta cooperación reforzada y que esta iniciativa tendrá «ventajas inmediatas y concretas» para los participantes pero también mejorará el funcionamiento del mercado único en toda la UE.

«Esta tasa permitirá generar miles de millones de euros de ingresos, que los Estados miembros necesitan mucho en estos tiempos difíciles. Se trata de una cuestión de equidad: debemos garantizar que los costes de la crisis sean asumidos en parte por el sector financiero, y no sólo por los ciudadanos«, ha dicho el presidente del Ejecutivo comunitario, José Manuel Durao Barroso.

Además de España, los países que han comunicado oficialmente a Bruselas que participan en el proyecto son Alemania, Francia, Austria, Bélgica, Portugal, Eslovenia, Grecia, Italia y Eslovaquia. Para iniciar una cooperación reforzada se necesita un mínimo de 9 Estados miembros. Estonia ha anunciado que también tiene previsto sumarse.

El siguiente paso será que el Ejecutivo comunitario presente su proyecto legislativo sobre la tasa a las transacciones financieras, ya que la propuesta de hoy se limita a cuestiones procedimentales.

Este proyecto, ha confirmado la Comisión, será «muy similar al plan inicial» que ya puso sobre la mesa en septiembre de 2011 para todos los países de la UE. No obstante, realizará «algunos cambios para tener en cuenta el número más reducido de Estados miembros que la aplicarán».

Según el plan original de Bruselas, la tasa gravaría con un tipo del 0,1% las compraventas de acciones y bonos y con un tipo del 0,01% las de derivados. El nuevo impuesto, si se hubiera implantado en toda la UE, generaría unos ingresos de 55.000 millones de euros al año, y la Comisión quiere dedicar una parte a financiar el presupuesto de la UE, pero la mayoría de países se opone