Hay coincidencias que llaman poderosamente la atención. El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, firmaba el pasado martes un acuerdo para traspasar sus operaciones en prevención de riesgos laborales en Argentina a la compañía local Galeno. Además, el convenio hace que las oficinas y la red de agentes exclusivos de Mapfre en Argentina continuarán distribuyendo esos productos, mientras la de Galeno venderá los de la filial del mayor grupo asegurador español. Nada que objetar, porque no es un negocio estratégico para Mapfre (en España, estas actividades están separadas, en Fremap Sociedad de Prevención).

Pero es que el acuerdo se firmó en medio de la polémica suscitada por la presentación, por parte de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, del Plan Estratégico Nacional del Seguro (Planes) 2020. Polémica, porque impone a las compañías de seguros dónde deben dirigir una parte de sus inversiones: a la “economía real”, considerando como tal «proyectos de infraestructura y de desarrollo regionales«. El morbo aumenta porque Mapfre es la única aseguradora española presente en Argentina. Y español es el grupo Repsol, al que se le incautó, por orden de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, su filial en Argentina, YPF.

El Planes 2020, elaborado al menos oficialmente por la Superintendencia de Seguros, regula que en marzo de 2013 las compañías de seguros que operen en Argentina deberán destinar al menos el 5% de sus inversiones a la “economía real”. Dos meses más de plazo tendrán para cumplir la exigencia mínima del 10% para las entidades que venden seguros patrimoniales; el 12% para las de Vida y Pensiones, y el 5% para las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART). El grupo Mapfre se ve afectado en Argentina en los dos primeros casos, no en el tercero tras la operación con Galeno.

En realidad, lo que hace el Gobierno argentino es extender a las aseguradoras imposiciones que ya rigen para las administradoras de fondos de jubilación, y que ahora se amplían también para el fondo de garantía del sistema previsional.

Según datos de la Superintendencia de Seguros, las aseguradoras tenían en junio unas inversiones de 67.728 millones de pesos. Y sólo el 0,16% de éstas puede incluirse en el epígrafe de «economía real”. La exigencia del Planes 2020 se traduce en que 7.000 millones de pesos (1.478 millones de dólares) de las aseguradoras tendrán un destino impuesto por el Gobierno.

Lo mejor es que el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Hernán Lorenzino, presenta la medida como una estrategia para el crecimiento del seguro en el país: «Queremos sostener el impulso al crecimiento del mercado asegurador, y estamos convencidos de que la mejor forma de hacerlo es garantizando que los fondos administrados alimenten la dinámica virtuosa entre el crecimiento económico y el empleo».

Pero cuando los directivos de las aseguradoras que operan en Argentina se esperaban medidas como fijar más seguros obligatorios (por ejemplo, el agrícola) o mayores deducciones fiscales por aportaciones a seguros de Vida y Pensiones, dentro del objetivo de Planes 2020 para que el seguro represente el 5,07% del PIB (ahora es el 2,73%), se encontraron en la Casa Rosada con esa desagradable imposición.

YPF, detrás de la medida

Un «Comité de Elegibilidad», formado por los titulares de la Secretaría de Finanzas, Comercio Interior y Política Económica del Ministerio de Economía, de la Superintendencia de Seguros, y los de la Secretaría de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa (del Ministerio de Industria), decidirá de las inversiones que deberán hacer las compañías de seguros en proyectos productivos y de infraestructura.

En el sector asegurador de Argentina se interpreta que lo que quiere el Gobierno es asegurar la financiación a YPF, tras ser incautada al grupo Repsol.

Mapfre ha declinado comentar de forma oficial la decisión del Gobierno de Argentina, pero algunos de sus ejecutivos, en Argentina y en España, destacan el crecimiento del intervencionismo del Gobierno en la economía desde la incautación de YPF al grupo Repsol.