En opinión de Gestha, el aumento de la evasión fiscal y la amnistía fiscal suponen «un agravio comparativo» para los ciudadanos que cumplen con sus obligaciones, y son un «grave obstáculo» a la hora de concienciar a la ciudadanía de la importancia de la lucha contra el fraude, lo que repercute directamente en una merma de la recaudación.

Gestha también considera que la Ley de Lucha contra el Fraude recién aprobada en el Parlamento «se queda corta» porque no recoge medidas más contundentes para combatir el elevado nivel de economía sumergida que existe en España, equivalente, según sus estimaciones, al 23,3% del PIB.

Además, el colectivo recordó que esta nueva ley no hace referencia alguna a la escasez de efectivos de la Agencia Tributaria, que cuenta con un empleado por cada 1.928 contribuyentes, la mitad que la media de los países de la OCDE, que se sitúa en uno por cada 903 contribuyentes.

Esta realidad choca frontalmente con las expectativas de los ciudadanos reflejadas en el reciente estudio del CIS, ya que el 75,6% respalda dedicar más recursos para combatir el fraude fiscal.

Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, «esta ley no acabará con la escasa ambición y conformismo de la Agencia Tributaria Estatal en la lucha contra la evasión fiscal, que seguirá centrando sus investigaciones en los pequeños fraudes de autónomos, pymes y trabajadores, en lugar de dedicar mayores esfuerzos al control de los grupos empresariales, empresas transnacionales y grandes fortunas, responsables del 71,7% de la evasión fiscal total».

Los técnicos del Ministerio de Hacienda aseguran también que la deuda tributaria pendiente de cobro por el fisco roza los 50.000 millones de euros.