Veinticuatro horas después de que el presidente en funciones de la Generalitat y candidato por CiU, Antur Mas, pidiera a los empresarios catalanes que “no pusieran trabas” al proceso secesionista por él encabezado, la patronal Pimec ha presentado una encuesta, titulada “¿Qué piensa la pyme catalana del entorno político-económico actual?”, en la que concluye que el 66,8% de los empresarios asociados está a favor de un estado propio catalán y el 81,5% cree que sería viable económicamente. La encuesta se ha realizado por la patronal el 23 y 24 de octubre y se ha revelado ahora, según su presidente, Josep González, “para no interferir en la campaña electoral”.

A la encuesta han contestado el 12% de los asociados de Pimec. Además de que dos tercios apoyan el estado propio, frente al 21,1% que aboga por un Estado federal, un 12,1% se decanta por mantener el actual estatus de Comunidad Autónoma. En la presentación de los resultados, el presidente de Pimec ha manifestado su sorpresa por la contundencia en las respuestas de los empresarios, y la ha vinculado al descontento expresado en la marcha independentista de la Diada y a una sensibilidad máxima por «la suma de agravios comparativos» a Cataluña, en pleno debate sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

González ha criticado la forma “no inteligente de negociar entre España y Cataluña” y que los PGE “perpetúen una insuficiente partida de infraestructuras para la comunidad y reduzcan sistemáticamente las partidas generadoras de riqueza y empleo”, aunque ha apuntado que Pimec «se mantendrá al margen de decisiones políticas», en relación al calendario soberanista. En cuanto a la posible pérdida de ventas de prosperar la deriva independentista, las empresas que venden un 30% o más en el resto de España apoyan en un 55,1% la independencia de Cataluña, frente al 73,5% de empresas que venden menos del 30% y al 72,8% de las que no venden nada en el resto del Estado.

De los 2.224 empresarios que han contestado la encuesta, el 82,4% está a favor de una consulta sobre autodeterminación; el 92,2%, de que Cataluña recaude sus propios impuestos; el 97,5% cree que debería tener un mejor sistema de financiación, y el 85,6% afirma que el déficit de infraestructuras perjudica la actividad de su empresa. Preguntados por la posibilidad de que el debate político perjudique a su negocio con el resto del Estado, se han mostrado en su mayoría poco preocupados (45,8%), seguidos por los nada preocupados (19,3%) y quienes lo están bastante (23%) o mucho (11,8%), que se sitúan en la cola.

En cuanto al temor a un futuro boicot a los productos catalanes en el Estado, también se han mostrado mayoritariamente poco preocupados (44,3%), seguidos quienes lo están bastante (25,1%), nada (16,9%) y mucho (13,7%), al tiempo que la preocupación es mayor en la provincia de Barcelona y menor en la de Girona. Las empresas que han contestado a la encuesta ocupan en su conjunto a 60.000 personas, y predominan las microempresas (43,9%) y pequeñas empresas (41,1%), seguidas de lejos por las medianas (12,2%) y las grandes (2,6%).

Académicos a favor de la segregación

En una jornada organizada por el Colegio de Economistas de Cataluña en colaboración de las patronales Pimec y Cecot, con el título «Escenarios económicos en Cataluña en el marco de un Estado propio», han participado un grupo de economistas de distintas universidades catalanas que se han mostrado a favor de la viabilidad de un estado catalán. Según el decano del Colegio, Joan B. Casas la jornada responde a la «voluntad del Colegio de Economistas de participar en todos los grandes debates que se generan en la sociedad haciendo aportaciones y datos que permitan un análisis riguroso y racional».

Según un comunicado de la corporación, el catedrático de la Facultad de Economía y Empresa de la UB Joan Tugores ha asegurado que la viabilidad de un Estado propio catalán es «incuestionable» porque la economía catalana está al mismo nivel que la de otros países europeos de dimensiones parecidas, aunque debería plantearse el acceso al crédito y cómo repartir los activos y pasivos del sector público, como la deuda y las pensiones. La también catedrática de la misma facultad, Núria Bosch, ha afirmado que una Cataluña independiente tendría un PIB del 9%, por encima de la media europea y tras asumir una parte de la deuda estatal, que en su opinión podría dejar de pagar porque es de España y la Unión Europea no la reclamaría en Cataluña. En cuanto al posible boicot a los productos catalanes, según los ponentes costaría un 4% del PIB del país y sería limitado en el tiempo y decreciente para que estas acciones «nunca terminan bien» y son difícilmente sostenibles, según el profesor de la UPF Modesto Guinjoan.

Más cautela mostró el catedrático de Economía y Empresa de la UB, Francesc Granell, quien ha antepuesto los beneficios económicos del pacto fiscal a los de la independencia, y ha alertado de que si el Gobierno español y el Gobierno catalán «no se entienden, el proceso internacional y europeo de Cataluña es imposible». En cuanto a las patronales, el presidente de Pimec Barcelona, Víctor Campdelacreu, ha recordado que entre los empresarios hay muchas sensibilidades y pidió que en una hipotética independización ésta sea corta para evitar «un escenario de incertidumbres e inestabilidad», mientras que el presidente del Cecot, Antoni Abad, ha remarcado que el 97% de los empresarios de la entidad vallesana ven inviable la situación actual y sólo un 11% teme el proceso hacia un Estado propio.