El anuncio del ministro de Industria, José Manuel Soria, de reducir el tipo de clientes que pueden beneficiarse de la tarifa de último recurso (TUR) ha sido bien recibido por el sector eléctrico. Una medida que se traducirá en el aumento en varios millones el número de clientes que tendrán que negociar el suministro a su domicilio o a su empresa en el mercado libre. Es una circunstancia que en principio es positiva para las compañías eléctricas, aunque les deberá obligar a avanzar hacia una política comercial más agresiva y a mejorar las ofertas conjuntas de gas, electricidad y otros servicios, como el mantenimiento.

Fuentes empresariales señalan que, por el momento, quieren «mantener en secreto» las estrategias que desarrollarán para enfrentarse a un aumento de la competencia, que podrían comprender también ventajas para la adquisición de electrodomésticos, como las calderas, siempre que se asegure la fidelización del usuario. Una política que en parte se basaría en la que desarrollan las compañías de telecomunicaciones.

Esta modificación que estaría contenida en la nueva normativa que reformará el funcionamiento del sistema eléctrico, y que se unirá al proyecto de ley de carácter recaudatorio que ahora se tramita en el Congreso, reformará sustancialmente la relación de las suministradoras con la mayor parte de los clientes domésticos y todas las pequeñas y medianas empresas. Las últimas informaciones ratifican que el texto que prepara Industria dejará fuera de la TUR a los clientes que tienen contratada potencia a partir de tres kilovatios (ahora está en diez), con lo que afectaría a casi 20 millones de puntos de suministro o, lo que es lo mismo, casi el 80% de los hogares pasará al mercado libre. Son dat0s sobre el reparto de la potencia contratada que por primera vez se han oficializado a través de de un documento realizado por la Comisión Nacional de la Energía. El informe de la CNE destaca igualmente  la cifra de clientes que podría verse implicada si el techo de los que puedan acogerse a la tarifa queda en los cinco kilovatios.

En cualquier caso se trata de un cambio muy relevante que llevará al mercado libre a un número ingente de consumidores, por lo que las eléctricas perfilan sus políticas comerciales para arrebatar clientes a sus competidores. No es que esto sea totalmente nuevo, pero hasta ahora el beneficio de la tarifa frente a la salida de ella, que supone el pago del total del coste del suministro, han dificultado los movimientos.

Fuentes del sector consultadas indican que falta por conocer si esta novedad entrará en vigor de forma gradual y destacan que además hay otras incógnitas, entre ellas, si los clientes se pueden agrupar, pero son conscientes que la verdadera competencia entre las eléctricas puede comenzar el próximo año. También puede ser muy relevante para los derechos de los consumidores cómo se regula el acceso de otras comercializadoras a ese mercado. En la actualidad, sólo 900.000 consumidores tienen contratos con distribuidoras no relacionadas con las las grandes eléctricas que forman parte de Unesa. De éstas, Endesa es el líder, con 11,4 millones; seguida de  Iberdrola, con 10,4 millones y Gas Natural Fenosa, con 3,6 millones.