A falta de un mes para que expire el plazo de la amnistía fiscal decretada por el Gobierno de Mariano Rajoy, su ministro de Hacienda y Administraciones Públicas Cristobal Montoro todavía cree que puede recaudar los 2.500 millones de euros que presupuestó. Así, al menos se lo ha escrito a la senadora socialista por Cuenca Inmaculada Cruz Salcedo. Para dar un toque de atención a los defraudadores, el Ejecutivo defenderá este martes en el Pleno del Congreso una reforma del Código Penal con castigos de hasta cinco años de cárcel a los defraudadores.

Sostiene Montoro que es prematuro hacer balance de los resultados de su “regularización fiscal” porque “la experiencia en otros países de nuestro entorno que han adoptado medidas de la misma índole demuestra que el esquema temporal de la regularización no se mantiene constante a lo largo del periodo de declaración”. En otras palabras, que confía en que los defraudadores se expliquen antes de que se les acabe el plazo del 30 de noviembre.

Su apelación a la experiencia de “otros países de nuestro entorno”, cuyos defraudadores se parecen a los españoles en lo de dejar todo para última hora, resulta curiosa si tenemos en cuenta las ventajas que el Gobierno les ha ofrecido en contraste con las de otros países. La primera y principal son esos tipos del 8% para los que regularicen capitales escondidos en paraísos fiscales o procedentes de actividades exteriores que no han tributado, y del 10% para las rentas no declaradas en el interior. En contraste, la amnistía fiscal de 2002 en la Alemania les supuso un tipo del 40%.

Aquí, donde todo es perdón y bicoca para los adinerados, bastaría con aplicar a los defraudadores el tipo ordinario del IRPF que pagamos todos los ciudadanos honrados para que la amnistía fiscal de Rajoy y Montoro no significara una “estafa a las arcas públicas de 6.500 millones de euros”, según la cuantía y los términos empleados por el PSOE al explicar su recurso de inconstitucionalidad de la medida. Adviértase que esa cantidad equivale a los recortes en Educación y Sanidad –incluido el repago farmacéutico– que el Ejecutivo ha implantado para reducir el déficit.

Ni siquiera con unos porcentajes tan ventajosos y humillantes para la ciudadanía “decente” –ese calificativo que tanto gusta a Rajoy–, los defraudadores habían aportado hasta finales de julio pasado más del 2% de los 2.500 millones que previó Montoro. En concreto, pagaron 50,4 millones de euros. Esa magra cantidad parece una broma en relación con el listado de cuentas opacas en Suiza que recibió en su día de las autoridades francesas la antecesora de Montoro, Elena Salgado. Aunque nunca precisó la cantidad, los titulares españoles poseían depósitos estimados entre 6.000 y 10.000 millones de euros.

Al margen de la confianza de Montoro en que los defraudadores se expliquen voluntariamente y reciban el beneficio del perdón y el anonimato social, el Congreso comienza a tramitar este martes el reverso penal. Se trata de una reforma del Código Penal que eleva el castigo por los fraudes fiscales de especial gravedad hasta 6 años de cárcel y prolonga hasta 10 años el plazo de prescripción, frente a los cinco actuales. Facilita además la denuncia o delación de las tramas organizadas de fraude y permite el cobro de la deuda tributaria al disponer que el procedimiento penal no paralice el administrativo. Será delito el fraude de 50.000 euros a los impuestos comunitarios y de 120.00 al fisco español.