Hay un grave problema de información en fondos de inversión y de pensiones. Si hace unas semanas el Observatorio Inverco reflejaba que el 70% de los partícipes de fondos de inversión ignoraba quién gestionaba su dinero, el Barómetro Planes de Pensiones de Empleo 2012 presentado por VidaCaixa muestra que el 43% desconoce el nombre de la gestora y, sobre todo, que el 61% no sabe la rentabilidad que proporciona, pese a que esta inversión que realiza conjuntamente con la empresa para la que trabaja es esencial para garantizarse una jubilación sin estrecheces económicas. Además, el 70% no sabe qué son las Comisiones de Control, que deciden dónde se coloca el dinero del plan de pensiones de empleo, y que están formadas por representantes de la enpresa y de los trabajadores.

Mario Berenguer, director general de VidaCaixa, reconoce que el Barómetro indica «un campo de mejora notable en información«. Carlos Lorenzo, director de Empresas de VidaCaixa, considera que «hay un problema de información al partícipe, porque se utilizan términos muy técnicos, que deben clarificarse«, pero también señala que «la empresa debe mejorar su política de comunicación interna del plan de empleo, y también la Comisión de Control tiene que profundizar más en esta cuestión«.

El 61% de los partícipes de planes de empleo desconoce el importe de lo que será su pensión pública, porcentaje que se eleva hasta el 65% en los menores de 50 años. Sorprende que el 40% cree que ésta le permitirá vivir una jubilación digna, cuando el 77% de los que consideran que la pensión pública no será suficiente estima también que tampoco lo serán las aportaciones de su empresa en el plan de empleo. De hecho, el 97% de los partícipes realiza algún tipo de ahorro particular de cara a complementar la jubilación.

Mario Berenguer, director general de VidaCaixa, cree que los trabajos para cumplir con las recomendaciones del Pacto de Toledo y con la normativa vigente para que a cada trabajador se le informe sobre cuánto va a ser su pensión pública «van por buen camino«, pero considera «muy complicado» que pueda hacerse esto a partir del 1 de enero de 2013. En cualquier caso, cree que «hay que ser muy cuidadosos» con estos datos: «La información debe ser en euros constantes y con las hipótesis que se utilicen detalladas claramente«. Aprovecha para recordar que hay instrumentos, como los planes de pensiones garantizados, los planes de previsión asegurados o los seguros de Vida, que aportan «certidumbre, no sólo hipótesis», a lo que va a cobrar una persona cuando se jubile.

Retorno social

Otro dato llamativo del Barómetro de VidaCaixa es que las Comisiones de Control de los planes de empleo con mayor patrimonio (más de 100 millones de euros) muestran una creciente sensibilidad hacia la inversión socialmente responsable (ISR). El 73% de los miembros de estas Comisiones manifiestan una preocupación explícita por ésta. Y el 44% aceptaría una rentabilidad a corto plazo inferior a la del mercado a cambio de implantar más estrategias de ISR, debido a su retorno social. Lo que no muestra el Barómetro es si el partícipe del plan de empleo opina igual.

Los partícipes, en cambio, se muestran divididos ante cómo afrontar una crisis que ya dura cinco años. El 32% dejaría el plan de empleo como está, al ser una inversión a largo plazo. El 30%, aseguraría la rentabilidad a corto plazo. Y el 21% defiende una estrategia de personalización, con diferentes políticas de inversión en función del perfil de cada partícipe.

Para asegurar la rentabilidad del plan de empleo, el 43% de las Comisiones de Control (y el 61% del resto de los grupos de interés implicados) prefiere una póliza de Vida, y el 34%, los planes de ciclo de vida (basados en la edad de los partícipes). Pero llama poderosamente la atención, y más en un Barómetro realizado por una aseguradora de Vida, que uno de cada cinco miembros de la Comisión de Control ignore la alternativa de la póliza, y que un tercio afirma no tener suficiente información para tomar la decisión de implantar esta opción. Del seguro se valora sobre todo la tranquilidad y la garantía de rentabilidad.

Mario Berenguer y Carlos Lorenzo insisten también en la necesidad de que el ahorro finalista, el que tiene como objetivo acumular un dinero para complementar la pensión pública y también las aportaciones que realice la empresa al plan de pensiones de empleo, debe contar con mayores estímulos fiscales.