El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro,avanzó este martes ante el Pleno del Congreso que la recaudación en septiembre por el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) aumentó un 11,9%, coincidiendo con el incremento de los tipos de este impuesto.

«Y el IVA, en el primer mes de recaudación (desde el incremento de tipos) ha aumentado los ingresos en un 11,9%, lo que hace que el total de IVA, que descendía un 10% en agosto, ahora desciende sólo un 5% en el acumulado entre enero y septiembre», añadió asegurando que estas cifras permitirán cumplir el «ambicioso» objetivo de déficit pactado con Bruselas para este ejercicio.

En los primeros nueve meses del año, los datos son «positivos», según Montoro. En concreto, apuntó que la recaudación del IRPF hasta septiembre aumentó un 2,9%, mientras que el Impuesto de Sociedades, que «caía dramáticamente», ha invertido su tendencia «gracias a las medidas del Gobierno» y la recaudación por este concepto ha aumentado un 4,1% en este periodo.

En este sentido, el ministro ha recordado que el déficit hasta septiembre está por debajo del 4%, haciendo «real que España pueda cumplir el objetivo» propuesto, y ha asegurado que las medidas beneficiarán sobre todo a la reducción del déficit estructural.

Montoro subrayó que muchos de los cambios incluidos en el proyecto de ley por el que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, que este martes debate el Congreso, son «temporales» y que el Gobierno los retirará en cuanto se supere la actual coyuntura económica.

Por último, defendió que las medidas supondrán que paguen más quienes más tienen, que beneficiará a las pymes al prolongarse algunas deducciones fiscales, y que se complementa con la lucha contra el fraude, que ahora cuenta con «la ley más ambiciosa de la Democracia».

Con respecto a la tramitación urgente de esta norma, Montoro la justificó apuntando que es necesario que los cambios entren en vigor el 1 de enero, si bien «la velocidad no es óbice para estar abiertos a las iniciativas de los grupos parlamentarios», según ha dicho.

El proyecto de ley recoge medidas como el establecimiento de un nuevo gravamen a los premios de lotería superiores a 2.500 euros, la anulación de las desgravaciones por compra de vivienda, la limitación de las bonificaciones del Impuesto de Sociedades y la continuidad del Impuesto de Patrimonio en 2013.

La oposición exige una reforma integral

Por su parte, los partidos de la oposición en el Congreso expresaron su rechazo a las medidas tributarias aprobadas por el Gobierno el pasado mes de septiembre -contra las que presentaron enmienda de totalidad PSOE, Izquierda Plural, CiU y BNG-, y exigieron que se acometa una reforma fiscal integral para que paguen más quienes actualmente no lo hacen, y se deje de «castigar» a las clases medias y trabajadoras con las subidas impositivas.

El portavoz de Hacienda del PSOE en el Congreso, Pedro Saura, agfirmó que se opone «a toda la política impositiva, que se resume en una sola idea: subir los impuestos a la clase media y perdonarlos a los incumplidores», lo que «incrementa la desigualdad, ahonda en la recesión» al retraer el consumo y genera desconfianza en las finanzas públicas.

Tras calificar las medidas del proyecto de «meros parches, retoques con vocación coyuntural» que no abordan el «problema estructural de ingresos públicos«, el diputado murciano criticó que «hay una campaña indecente por tierra, mar y aire para que la ‘amnistía fiscal’ sea un éxito» y ha reclamado que se aborde una reforma «integral y ambiciosa» del sistema tributario y una lucha contra el fraude que vaya contra los grandes defraudadores.

El portavoz económico de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Alberto Garzón,  calificó este proyecto como «ley Adelson» ya que, a su juicio, es una norma hecha para ajustarse a las necesidades del promotor estadounidense.

Además, recordó que el problema de la economía no es de gastos, sino de ingresos, y culpó a «populares» y socialistas de haber recortado las políticas fiscales durante años, acogiéndose a la «ola de los ingresos» inmobiliarios.

El portavoz de Economía de CiU, Josep Sánchez Llibre, acusó al Gobierno de demostrar una «voracidad fiscal sin límites» y expresó su temor a que pueda llegar «a ideas confiscatorias, en la dirección de la nacionalización de los medios de producción». «Esperemos que no llegue, pero podría ser dada la experiencia observada en estos meses de su Gobierno», dijo a los «populares».