La crisis de las autopistas de peaje, que acumulan deudas por cerca de 4.000 millones de euros, afecta de lleno al Ministerio de Fomento. Y no sólo porque se trate del departamento que controla las concesiones de estas infraestructuras, así como el sistema de ayudas que se incluyen en los Presupuestos Generales del Estado para paliar sus problemas financieros. La decisión de los juzgados mercantiles de designar a Fomento administrador de las autopistas declaradas en concurso de acreedores le da un papel relevante en las negociaciones que ahora se abren .

Se han basado en su condición de «acreedor más significativo» de las sociedades y por el «interés público concurrente» en el proceso. Y además en la idea de que el Estado es en realidad el propietario de las autopistas.

En este contexto, como administrador concursal, el ministerio que dirige Ana Pastor tendrá, entre otras misiones, que negociar con las entidades acreedoras una quita de la deuda que ahoga las empresas concesionariasc, por más que el origen de la debacle se deba asimismo a otros factores. Igualmente la refinanciación del pasivo, para lograr plazos que hagan viable los proyectos. Serán negociaciones, según medios consultados, que pueden extenderse durante meses, pero cuyos resultados serán un factor básico para determinar si las sociedades que se han apuntado a la antigua suspensión de pagos cuentan o no con viabilidad futura. En esos medios se valora el papel que desarrollará Fomento en esta etapa por el conocimiento del sector y de los instrumentos financieros a los que se puede acudir.

Sea cual sea la conclusión después del proceso, el Estado sería responsable de los activos y de los pasivos de las autopistas que eventualmente entrasen en un proceso de liquidación, por lo que es una conclusión que nadie quiere que se produzca. Además, dada la situación económica española y el fracaso de las concesiones que han entrado en concurso, a Fomento no le queda la vía de abrir de nuevo un proceso de adjudicación. El camino que se busca es el acuerdo con los acreedores y evitar que las consecuencias del pacto pesen en las cifras del déficit público. Por eso no se descarta, dada la implicación del Estado, que en un escenario negativo se opte por la reedición de la empresa nacional de autopistas tras la negociación con la banca.

Entre las sociedades que buscan en la ley protección a sus problemas están la de la autopista AP-41 (Madrid-Toledo), que cuenta entre sus accionistas a Isolux, Comca y Globalvia; AP-7  (Cartagena-Vera), en la que participan Globalvía, Unicaja, Cajamar, Ploder y Caja Murcia, así como el eje Aeropuerto, de OHL. También se ha acogido la sociedad Accesos de Madrid, de la que son accionistas Abertis, Caja Madrid, Sacyr y ACS. Otras autopistas en una situación similar son Ausur (Alicante-Cartagena), con Ploder, Cajamar, Unicaja y Caja Murcia en su capital, y la circunvalación de Alicante.

Los accionistas son, por tanto, además de las debilitadas cajas de ahorro, las grandes empresas españolas de infraestructuras que lideran relevantes proyectos en el exterior, desde Estados Unidos, Canadá, Brasil a Europa, por lo que quieren preservar su imagen con un pacto. Medios de estas compañías puntualizan que las ayudas decididas por la Administración como son las compensaciones por desvíos de ingresos o los llamados créditos participativos, que en algunos casos se aprueban pero luego no se abonan, pueden ser medidas paliativas pero no estructurales. Añaden que estos ingresos sólo llegan para pagar el servicio de la deuda. No obstante, el Grupo Popular incluyó en sus enmiendas a los Presupuesto del Estado para 2013 nuevas garantías para intentar ayudar a las concesionarias de las autopistas.

El origen de estas crisis tiene varias vertientes, desde el fuerte endeudamiento con el que inician su vida estas concesiones, a la caída brutal de los ingresos desde 2007 y a los precios que, según las empresas, se realizaron las expropiaciones de los terrenos. Por ello, desde Aseta, la patronal de las concesionarias, se señala que la única solución es el establecimiento de peajes en el conjunto de la red, que ahora no parece querer asumir la Administración centarl.  José Luis Feito, presidente de Aseta, ha manifestado recientemente que el actual modelo de autopistas de peaje en España es insostenible y que “ningún país es tan rico como para mantener una red de carreteras como la española”.