Ferre insistió en que hay tiempo suficiente para acudir a la regulación fiscal, por lo que no tiene sentido alargar los plazos. Subrayó, además, que el Ministerio de Hacienda ya ha realizado las aclaraciones oportunas a través de los informes de la Dirección General de Tributos a las dudas que pudieran haberse suscitado sobre este proceso.

Este plan extraordinario de regulación fiscal, cuyo plazo finaliza el día 30 de noviembre, pretende aflorar rentas ocultas generadas hasta el 31 de diciembre de 2010.

En  un acto organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), la Cámara de Comercio de Mallorca y PwC, celebrado en Mallorca el secretario de Estado de Hacienda advirtió que «a quien se le abra un procedimiento de investigación ya no podrá acogerse al plan extraordinario de regularización del contribuyente».

Combatir la elusión fiscal

Ferre aprovechó su intervención en este foro para referirse a la nueva ley antifraude que cuenta ya con una semana en vigor. El objetivo de esta ley, según destacó el secretario de Estado, es dotar a la Administración Tributaria de los mejores instrumentos para luchar contra la elusión fiscal y la economía sumergida.

Entre las nuevas medidas que inlcuye la ley, destaca la prohibición de realizar pagos en efectivo por un valor superior a los 2.500 euros en el caso de operaciones en las que esté inmerso algún empresario o profesional. Además,  Hacienda no sancionará a la parte que denuncie una operación de estas características. La Agencia Tributaria pondrá en breve un apartado específico en su página web para poder tramitar estas denuncias.

Objetivo prioritario del Gobierno

El secretario de  Estado Hacienda recordó que la Agencia Tributaria recaudó hasta septiembre 8.500 millones de euros por actividades relacionadas con el fraude fiscal. Esto supone un 18% más que en el mismo periodo de 2011.

Ferre subrayó el compromiso del Gobierno en esta materia. «La lucha contra el fraude es uno de los objetivos prioritarios del Gobierno, que contribuye a la reducción del déficit público», afirmó.

Parte de este compromiso está en las fuertes sanciones previstas por su incumplimiento. Para el que no informe sobre todo tipo de cuentas y bienes situados en el extranjero, las sanciones podrían ser del 150%, y la renta descubierta considerada como ganancia patrimonial injustificada.