La primera ronda de declaraciones ante la Audiencia Nacional de miembros del consejo de administración de Bankia y del Banco Financiero y de Ahorros (BFA) en el momento de su intervención por el Banco de España en mayo muestra un cierto reparto de papeles a la hora de echar las culpas de la situación. Unos ponen el acento en que el presidente de la entidad, que fue vicepresidente económico en los Gobiernos de José María Aznar, Rodrigo Rato, no les informó de los requerimientos del Banco de España ni de que Deloitte, auditora del banco, habían opuesto objeciones a las cuentas. Éstas mostraban un beneficio de 305 millones de euros, que se transformó en unas pérdidas de 2.979 millones, tras la reformulación realizada por el nuevo equipo gestor, presidido por José Ignacio Goirigolzarri. Otros prefieren echarle la culpa a Deloitte, aunque esto no supone descargar de responsabilidad a Rato. Y hay quien recurre a endosar la responsabilidad a las cuatro reformas financieras puestas en marcha entre los Gobiernos de Zapatero y de Rajoy, al actual ministro de Economía, Luis de Guindos, al Banco de España y a la CNMV, y hasta al bufete Uría Menéndez.

La culpa la tiene la auditora del grupo, Deloitte, por sus modificaciones de criterios sobre el deterioro de los activos inmobiliarios, la valoración de las acciones de Bankia en BFA, los créditos fiscales y la viabilidad de su cartera de créditos a promotores, y por no haber detectado la situación real de las siete cajas y del Banco de Valencia, pese a ser la firma que examinaba las cuentas de todas estas entidades . Pero Rato no informó al consejo de administración de los requerimientos del Banco de España ni de las objeciones de ésta. En esa postura coinciden Estanislao Rodríguez-Ponga, secretario de Estado de Hacienda con Rato en el Gobierno y vicepresidente de Caja Madrid, y José María de la Riva, que era concejal del Ayuntamiento de Madrid por el PSOE. Ambos consejeros de BFA en la fecha de autos. “Me enteré por la prensa”, dijo De la Riva al juez Fernando Andreu.

Los dos también creen que en la situación han influido las cuatro reformas financieras (dos con Zapatero, y dos con Rajoy, éstas impulsadas por De Guindos), que incrementaron notablemente las provisiones sobre la cartera inmobiliaria.

Rodríguez-Ponga y De la Riva declaran que sólo conocieron las objeciones de Deloitte a las cuentas del grupo 2011 en la reunión del consejo del 9 de mayo, en la que Rato dimitió y fue sustituido por Goirigolzarri. El socialista matiza que, en la formulación de cuentas de marzo, se les explicó a los consejeros que Deloitte había retrasado su informe de auditoría por la complejidad de la fusión.

Discrepan sobre las explicaciones de Rato cuando anunció su dimisión. De la Riva señala que aludió a «discrepancias» con el ministro de Economía, Luis de Guindos. Y Rodríguez-Ponga, que Rato les trasladó que era una decisión «personal«, sin informar de los motivos.

Sorpresa y falta de datos

Rodríguez-Ponga y De la Riva siguieron la línea de las declaraciones de otros consejeros ante el juez. Así, Mercedes Rojo-Izquierdo señala que nadie le advirtió de la situación de la entidad y que supo de las nuevas cuentas justo después de la dimisión de Rato, que en ninguna de las reuniones a las que asistió se abordaron informes de Deloitte en los que se ponía en duda la valoración de las acciones de Bankia, pese a que formaba parte de la Comisión de Auditoría de BFA. Sobre la dimisión de Rato, que éste admitió «haber perdido la confianza de Economía«.

Ricardo Romero de Tejada explica que las nuevas cuentas de Bankia eran fruto de un ajuste contable y que «tan correcto eran los beneficios de 300 millones aprobados en marzo como las pérdidas de 3.000 millones«, pero que cree que las cuentas de Rato eran «más ajustadas a la realidad«. No comparte los ajustes contables que propuso Goirigolzarri, que sirvieron para pedir una ayuda pública de 19.000 millones de euros.

Ángel Villanueva, procedente de Bancaja, insiste en desconocer las alarmas del Banco de España y de Deloitte sobre el estado real del grupo. Y culpa a la CNMV, que autorizó la salida a Bolsa de Bankia.

Los tres mencionan el papel de Deloitte y del bufete Uría Menéndez, que intervino en la fusión como asesor. Romero de Tejada, que el Banco de España estuvo “al tanto«·de todo el proceso de creación del grupo y de su salida a Bolsa. Y Villanueva, que «todo estaba muy auditado«.

Las defensas de los imputados sostienen que la situación de Bankia se produjo por las nuevas exigencias de provisiones sobre la cartera inmobiliaria que impuso el Gobierno y no por una falta de diligencia de los gestores del grupo.

Sin conocimientos financieros

También ha quedado patente la falta de cultura financiera de algunos de los integrantes del consejo de administración de Bankia y de BFA, lo que deriva parte de la responsabilidad hacia los que propusieron esos nombres para estos órganos de poder pese a carecer de conocimientos suficientes. El caso más palpable es el de Mercedes Rojo Izquierdo, que reconoció ante la Audiencia Nacional que la entidad le presionó para que aceptara su nombramiento como vocal del Comité de Auditoría de BFA cuando mostró sus reticencias iniciales porque no tenía conocimientos financieros. Finalmente, aceptó porque «iba a estar con gente que sabía«. No precisó si su nombramiento fue una imposición de Esperanza Aguirre, entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, y de la que fue secretaria.

Hasta el 20 de diciembre pasarán por la Audiencia Nacional los 33 consejeros de BFA y Bankia que han sido imputados a raíz de la querella presentada por UPyD y el 15-M, que les acusa de delitos de estafa, administración desleal, apropiación indebida, falsificación de cuentas y maquinación para alterar el precio de las cosas. Ese día comparecerá Rato.