En los buenos tiempos del Madrid Arena, aquellos del tenis, el oropel y el canapé de lujo, no faltaba en el palco de honor concejal de gobierno o incluso alcalde que acompañara en los partidos, en ejercicio de su ineludible responsabilidad, a miembro de la Casa Real o alto cargo de turno. Tal sacrificio se compensaba con unas fotografías en los periódicos o unos planos cortos en la televisión que transmitían esa gran cercanía de los mandatarios al pueblo. Gestos de alborozo o estupor ante la destreza de los jugadores, encendidos aplausos cuando el ganador era un español o pesadumbre, no reñida con la deportividad, si no lo era. Todo fuera por cumplir con rigor los mandamientos del servidor público.

No faltará quien pudiera pensar que, entre ellos, estaría en un lugar preeminente que esas obligaciones también se asumieran cuando las circunstancias fueran adversas. En este desgraciado caso cuando, de la instantánea luminosa de los añorados días de gloria, se pasara a la sombría imagen de cientos de jóvenes agolpados en un pasillo convertido en un corredor de la muerte. Nada más lejos de esa realidad que algunos quieren modelar al antojo que dicta su cobardía, esa misma que te empuja a suspender actos horas antes de su celebración, o su apego al cargo cuando no las dos cosas a la vez. De lo poco que aprendí en la facultad me quedó esa máxima que reza ‘los hechos son sagrados, las opiniones son libres’.

Los primeros son conocidos. Una instalación municipal insegura, según los propios informes del Ayuntamiento, se cedía, a cambio de un puñado de euros, para megafiestas que congregaban a miles de jóvenes. Se contrató con una empresa insolvente, se sobrepasó el aforo, el número de efectivos de seguridad era insuficiente y dudosamente cualificado y la unidad médica mínima. Lo único máximo fue la irresponsabilidad que, de momento, nadie paga en su vertiente política, pero que, en esta ocasión, igual se paga a un precio mucho más alto en los tribunales.

Ese ‘esperar a que escampe’ que tanto orienta la filosofía de Rajoy me temo que en esta ocasión de nada servirá en un banquillo de acusados. Uno se puede atrincherar en su puesto en la fundamentada confianza de que la memoria ciudadana es frágil y que, por tanto, dentro de un par de años, en el umbral de unas elecciones, nadie, salvo las familias de las víctimas que nunca olvidarán, va a pasar factura por estas tropelías administrativas. En su derecho está si su conciencia no le incomoda hasta el punto de poder quitarse el luto por el mismo camino que te lleva al merecido descanso de un spa de lujo.