El Consejo de Ministros establece las bases de la Formación Profesional Dual, a propuesta de los ministerios implicados en el cambio de modelo: Empleo y Seguridad Social y Educación, Cultura y Deporte.

La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado en rueda de Prensa posterior al Consejo que con este decreto el Gobierno pretende «mejorar la formación y hacerla más profesional». Además ha resaltado como objetivo del proyecto  «cambiar las fórmulas que permitan a más jóvenes tener una formación y que esta esté más vinculada a la empresa», así como atender a los trabajadores «sin cualificación».

La primera parte del texto, referida al Contrato para la Formación y el Aprendizaje, desarrollada por Empleo, regula un modelo alternativo a la educación reglada, que compatibiliza la formación con el trabajo, de manera que permite que un trabajador sin título pueda convalidar sus conocimientos con créditos de módulos de Formación Profesional de Grado Medio o Superior, algo que de una u otra manera ya había diseñado el anterior Gobierno socialista.

La segunda parte, inspirada en el modelo alemán y desarrollada por el Ministerio de Educación, establece las bases de la Formación Profesional Dual en el sistema educativo, combinando los procesos de enseñanza y aprendizaje en la empresa y en el centro de formación. En este caso, serán las administraciones educativas autonómicas las competentes para firmar convenios con las empresas, donde los alumnos reciban formación práctica y remunerada.

La vicepresidenta ha apuntado que esta iniciativa, en la que los alumnos tendrán contratos laborales en las empresas correspondientes, va a “cambiar la manera de realizar la Formación Profesional”, con la finalidad de “paliar la situación de muchos jóvenes que abandonaron la educación”.

Por su parte, la ministra de Empleo, Fátima Báñez señaló que la iniciativa se ha realizado para alcanzar dos grandes objetivos: mejorar la formación y “la empleabilidad de los jóvenes en España”, debido a que en nuestro país 970.200 de las personas en paro, corresponden a jóvenes menores de 25 años.

La figura de «contrato» de formación y aprendizaje  tendrá una duración mínima de un año y un máximo de tres. Al exceder el tiempo máximo se transformará en indefinido. El rango de edad para poder optar a este tipo de formación es entre los 16 y 30 años, debido a la actual tasa de paro. Una vez que se supere esta coyuntura, la edad máxima disminuirá a 25 años.

La formación se realizará en centros de FP, en centros educativos y en las propias empresas y se incluirá la modalidad telemática. El alumno deberá tener un tutor que lo oriente durante todo el tiempo que haga la formación.

La ministra de Empleo señaló que según los datos que manejan, «a mayor nivel de educación mayor nivel salarial. En nuestro país los trabajadores sin estudios obtienen salarios 32% inferiores a la media», finalizó.

Educación, otro de los ministerios implicados en esta reforma, advierte de que una de las carencias que pretende resolver la normativa aprobada es abandono escolar. Para el titular del Departamento, José Ignacio Wert, la mala transición entre el sistema educativo y el mercado de trabajo se traduce en un “abandono escolar temprano que dobla la media europea”.

Educación sostiene que no se trata de una figura nueva dentro de la oferta educativa, ya que la Formación Profesional ya existe, sino que es una aplicación distinta. “Deberá tener como mínimo un 33% de tiempo en el centro de trabajo” y quienes se integren en el modelo “habrán estado adquiriendo una experiencia profesional que les otorgará un valor añadido que el sistema actual no les proporciona”, ha dicho Wert, quien advierte de que no se trata de un contrato en el sentido estricto de la palabra ya que  “es una acción formativa, no reciben seguridad social ni salario pero si podrán recibir una beca salario”.

El ministro de Eduación ha asegurado que según los programas piloto que se han implantado  en algunas comunidades autónomas, la compensación económica  “se mueven entre los 280 y 500 euros”.