La Asociación Española de la Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) han entregado al Ministerio de Economía sus datos estadísticos relacionados con los desahucios con el fin de que el Gobierno pueda hacer un balance de la situación y, en función de eso, tomar las decisiones oportunas para solucionar este problema social, según han confirmado fuentes de ambas patronales.

El departamento que dirige Luis de Guindos ha solicitado a lo largo de esta semana tanto a la AEB como a la CECA información sobre ejecuciones hipotecarias, lanzamientos en primera vivienda y actuaciones que están desarrollando para paliar la crisis.

Según explican desde la AEB, «parte de estos datos se han entregado, pero aún queda depurar y mejorar alguno de ellos«. Estas cifras podrían hacerse públicas cuando estén completas. Y en la CECA afirman que el Gobierno ha pedido esta información «en el marco del acuerdo en el que está trabajando», dado que desde la semana pasada funciona un grupo de trabajo interministerial que se ocupará del tema, que ha cobrado un nuevo impulso con las reuniones que ha mantenido la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, con la ‘número dos’ del PSOE, Elena Valenciano.

Ambas patronales han mostrado su colaboración con el Gobierno a la hora de facilitar los datos solicitados. De hecho, la AEB explicó hace días que, de momento, el Ejecutivo no le había invitado a participar en el grupo de trabajo constituido para frenar los desahucios pero que, en el caso de que lo hiciera, estaría dispuesta a entrar.

Grupo de trabajo

Este grupo de trabajo sobre los desahucios ya ha tenido sus primeros contactos y el próximo lunes tiene previsto celebrar otro encuentro para continuar con sus funciones, según ha anunciado la vicepresidenta en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Sáenz de Santamaría ha precisado que a la hora de desarrollar las medidas que saldrán de este grupo de expertos habrá que diferenciar entre aquellas unidades familiares que realmente tengan problemas por causas ajenas a su persona de quienes tienen responsabilidad en la deuda. «Hay que evitar el fraude», ha concretado.