Cuando algunas empresas eléctricas, asociaciones de compañías de energías renovables y grandes consumidores perfilan sus armas legales contra la ley de sostenibilidad energética, que atraviesa por los penúltimos trámites parlamentarios, el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, no pierde la esperanza de que algo en el texto de esa norma pueda cambiar, pero más parece confiar en que la nueva ley eléctrica, que completará la que ahora está en el Parlamento y que cuenta con un perfil casi exclusivamente recaudatorio, sirva para equilibrar los intereses de los operadores del sistema.

El primer directivo de la más importante eléctrica española vuelve a instar al Gobierno a cambiar aspectos para permitir que, con un marco normativo objetivo, transparente y estable, «el sector eléctrico español, que invierte 6.000 millones euros al año y da empleo a 450.000 personas, pueda ser un motor de recuperación y crecimiento económico».  Una posición que es asumida por otras compañías que, no obstante, no comparten las tácticas. En esta misma línea, todas las sociedades agrupadas en Unesa están en contra de la tasa del 6% a la generación, pero, mientras alguna se muestra más combativa en el ámbito legal, Iberdrola estima que la «compensación» debería obtenerse, al menos en primera instancia, por la vía del diálogo. Por su parte, Gas Natural está, asimismo, más implicada en reducir o acotar el llamado céntimo verde.

Con estas circunstancias el papel de Unesa se reduce, por más que de cara a la  segunda ley existen intereses comunes al conjunto del sector. Como un cambio radical en el sistema de la TUR (tarifa del último recurso), que sacaría de tarifa a millones de clientes.

El presidente de Iberdrola, que intervino en Valencia el II Congreso Anual de Directivos APD, ha señalado además que el déficit tarifario acumulado supera los 32.000 millones de euros y que esa cifra es consecuencia de decisiones políticas pasadas, que han fomentado la producción con tecnologías poco eficientes y nada maduras, y no siempre respetuosas con el medio ambiente. Un tema que, en su opinión, está lastrando la competitividad del sector. Como en otras ocasiones, Galán ha explicado que un porcentaje de esos 32.000 millones pesa sobre el balance de las compañías, por lo que todavía no se ha repercutido en el recibo eléctrico que ya es hoy superior a la media de la Unión Europea. Y ha solicitado al Ejecutivo que apueste por las energías más competitivas ya que el país no se puede permitir destinar miles de millones de subvencionar las más caras.

Sobre la situación del sector ha citado la visión de algunas de las firmas que analizan las utilities. En una encuesta realizada hace un año por el banco de negocios Nomura, el 75% de los inversores consultados consideraba a España como el país europeo en el que las empresas del sector tienen mayor riesgo regulatorio. Una opinión similar es la de Exane BNP Paribas que, en su mapa de riesgos de abril de este mismo año, situaba a España como el país con mayor incertidumbre, principalmente por el problema del déficit de tarifa. Son aspectos que pesan en las cotizaciones de las compañías, como se estima en algunos de los informes realizados por brokers y bancos de negocio.